Diario de León

Nuevas protestas contra la junta militar en Myanmar tras el día más sangriento desde el golpe

Un joven saluda con tres dedos, la señal de la oposición. STRINGER

Un joven saluda con tres dedos, la señal de la oposición. STRINGER

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EFE

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Los birmanos volvieron a salir ayer a las calles para protestar contra la junta militar, al día siguiente de la muerte de al menos 90 civiles, incluidos niños, en la ola de represión más sangrienta desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

Los manifestantes desafiaron a los uniformados en localidades como Rangún, Monywa, Myinchan y Hapakant, situadas en diferentes regiones y estados del país, según informaron medios locales y grupos de activistas como Myanmar Spring Revolution en las redes sociales.

Además de las protestas, muchos birmanos se encuentran de luto tras la represión de la víspera con escenas de disparos y torturas que fueron captadas en fotografías y vídeo. Anoche, los soldados dispararon contra un hombre de 40 años en la localidad de Aungmyaythazan, en la región de Mandalay, y lo tiraron a unas barricadas en llamas, donde murió a causa del fuego, según indicaron testigos al medio Myanmar Now. Debido a los disparos de los soldados, ningún vecino pudo salir a socorrer a la víctima, Aye Ko, que estaba casado y tenía cuatro hijos.

La junta militar golpista ha cerrado medios y persigue a los periodistas, por lo que la cobertura de las protestas y la represión depende de reporteros que viven en la clandestinidad y testigos que graban y fotografían lo que ocurre en la calle con sus móviles. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) birmana cifró la cifra de muertos la víspera en al menos 90, incluidos seis menores de entre 10 y 16 años, al tiempo que precisó que el número total de fallecidos desde el golpe asciende ya a 423.

Dos altos responsables de la ONU urgieron este domingo a la comunidad internacional a proteger a los birmanos de las atrocidades cometidas por las autoridades militares del país tras la jornada más sangrienta desde que comenzaron las protestas contra el golpe de Estado por el Ejército el 1 de febrero.

En un comunicado conjunto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la asesora especial para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, reclamaron medidas al Consejo de Seguridad, que hasta ahora se ha limitado a condenar la represión violenta, sin emprender ningún tipo de acción contra la Junta militar.

«Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales del Ejército y la Policía -que han sido grabados disparando a manifestantes cuando huían y que ni siquiera han perdonado a niños pequeños- deben detenerse inmediatamente», recalcaron

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