Diario de León

El PP redobla la presión a Sánchez: «Cuba es una dictadura. No pasa nada por decirlo»

Las revueltas sociales en la isla contra el régimen se convierten en un nuevo campo de batalla político en España

Simpatizantes del gobierno de Miguel Diaz-Canel se manifiestan frente al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, ayer, en La Habana. YANDER ZAMORA

Simpatizantes del gobierno de Miguel Diaz-Canel se manifiestan frente al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional, ayer, en La Habana. YANDER ZAMORA

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EFE

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Cuba se ha convertido en el nuevo campo de batalla. La oposición redobló ayer la presión sobre el Gobierno por no condenar con contundencia la represión de las protestas y no tachar de «dictadura» al régimen de La Habana. «Señor Sánchez repita conmigo, Cuba es una dictadura. No pasa nada por decirlo. Es lo mismo que haría cualquier demócrata», aseveró el líder del PP, Pablo Casado, durante una visita a Melilla.

En la formación conservadora lamentan la «tibieza» con la que el Ejecutivo ha censurado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel tras el estallido social que se vive en las calles de la isla. Creen que Sánchez no quiere etiquetar «a la tiranía castrista» para evitar roces con sus socios de Unidas Podemos que «no aceptan» que se tache de dictadura a los regímenes que «les han financiado».

«Con tal de permanecer en el poder, el Gobierno es capaz de caer en la inmoralidad de negar un régimen dictatorial como el que asola a Cuba desde hace 62 años», denunció el líder del PP.

La visión del Gobierno es completamente distinta. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, respaldó que el presidente fue «muy claro» al apuntar que el régimen cubano no es una democracia. Más allá de eso, insistió, es mejor no poner «etiquetas a las cosas». «Hay que poner el foco en lo importante», zanjó.

En un comunicado emitido el martes por Exteriores, el Ejecutivo exigió a Díaz-Canel respetar la garantía de celebración de manifestaciones en la isla. «La clave es el respeto a los derechos fundamentales», defendió ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. Al igual que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la dirigente morada eludió aclarar si Cuba es una dictadura y señaló al bloqueo estadounidense como causa de la crisis.

«Hay que levantar el bloqueo y el embargo porque está teniendo como consecuencia una situación humanitaria excepcional», dijo en TVE.

Para la líder de Cs, Inés Arrimadas, España debe marcar la posición de Europa, y decir, «con todas las letras», que Cuba es «una dictadura». «No sé por qué —lamentó— les da tanta vergüenza o tanta cobardía decirlo».

Y aún más. El PP quiere que el Congreso condene «la dictadura y la represión en Cuba» y forzará una votación para intentar que la Cámara cite de forma urgente al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que fije ante la comisión parlamentaria del ramo la posición del Gobierno sobre las protestas que están teniendo lugar en la isla. Como julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios, la proposición no de ley registrada por los populares que incluye la condena al régimen castrista no podrá debatirse, en principio, hasta el mes de septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones.

Pero el PP va a llevar el asunto a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en periodos extraordinarios como el estival, y que previsiblemente se reunirá este mes. Su intención es forzar un debate sobre lo que está sucediendo en Cuba e intentar que se obligue a Albares a comparecer durante el verano.

El primer partido de la oposición solicita su comparecencia para que dé explicaciones sobre la posición de España respecto a la crisis de Cuba y en relación con la aprobación de una declaración de condena de la dictadura y la represión.

Vox, que no tiene diputados suficientes para pedir la convocatoria de la Diputación Permanente, también tiene registrada una iniciativa de condena del régimen cubano, pero, como la del PP, todo indica que tendrá que esperar a septiembre.

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, condenó ayer «en los más firmes términos» la represión de las protestas pacíficas en Cuba y expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país.

«La dictadura cubana es la más duradera en América Latina y el Caribe (…). La falta de libertades, la negativa constante del pluralismo político y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se combinan con un modelo económico que causa escasez crónica de alimentos, medicinas y otros servicios básicos», indicó el diputado conservador alemán.

McAllister consideró que, en ese contexto, «la pobre gestión de la crisis sanitaria de la covid-19 ha acentuado el descontento político y social en la isla».

«Protestar es una parte integral del derecho humano a reunirse y asociarse libremente, que es la piedra angular de la democracia», señaló.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, afirmó ayer que la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de suspender las remesas de familias cubanas influye en la situación por la que han estallado protestas en la isla.

«Si queremos ser sinceros y queremos saber las cosas como son, esta situación que se ha ido empeorando dramáticamente en los últimos meses, también tiene que ver con decisiones que tomó el señor Trump en los últimos días de su mandato», indicó Borrell en una comparecencia rutinaria ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Borrell se refirió a la medida de «prohibir que las familias en Miami mandaran, como venían haciendo desde años, transferencias a sus familias en Cuba».

«Eso significa cortar, de la noche a la mañana, muchos recursos que recibían las familias cubanas, por una decisión de la Administración americana saliente tomada en los últimos días de su mandato», apuntó. Para el alto representante comunitario, «eso también tiene una influencia.

La Casa Blanca aseguró ayer que sigue «revisando» su política hacia Cuba y que cualquier modificación buscará «incentivar un cambio de comportamiento» del Gobierno cubano, además de tener en cuenta las inéditas protestas en la isla.

«Seguimos revisando nuestra política hacia Cuba, fijándonos en su impacto en el bienestar político y económico del pueblo cubano», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.

Psaki añadió que «no hay duda de que las protestas del fin de semana y lo ocurrido en los últimos días han sido acontecimientos significativos» y eso, «obviamente, tendrá un impacto» en la decisión que tome Washington sobre «cómo proceder», agregó.

Casi seis meses después de llegar al poder, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha cumplido por ahora su promesa electoral de «volver» al proceso de deshielo con Cuba iniciado por el mandatario Barack Obama (2009-2017), del que fue vicepresidente.

Psaki recordó que los cambios que impulsó el presidente Donald Trump (2017-2021) para dar marcha atrás al deshielo fueron «significativos», y que la Casa Blanca sigue estudiando qué política es la que mejor apoya la promoción de la «democracia y los derechos humanos» en la isla.

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