El Supremo archiva las denuncias de 13.350 españoles contra Aznar

El Tribunal Supremo archivó ayer las 13.350 denuncias y querellas presentadas entre abril y mayo pasados por ciudadanos españoles contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, por entender que había cometido varios delitos al apoyar y colaborar en la invasión anglo-norteamericana de Irak, que, entre otros desastres humanitarios, causó la muerte de miles de civiles. La Sala de lo Penal del Supremo afirma que sobre una de las acusaciones -declarar la guerra sin la autorización del Parlamento- no puede pronunciarse por no haber sido presentada por el órgano competente, el Congreso de los Diputados. Respecto a las restantes -la comisión en Irak de crímenes de guerra y el uso de armas prohibidas- descarta la responsabilidad penal de Aznar y de sus ministros por considerar que son hechos de exclusiva responsabilidad de los ejércitos invasores (EE.?UU. y Gran Bretaña). El auto de archivo ha resuelto en un sólo documento la tromba de denuncias y querellas llegadas al Tribunal Supremo -único órgano competente para juzgar presuntos delitos de miembros del Gobierno- desde juzgados de todo el país o entregadas en el propio registro del alto tribunal por ciudadanos que formaban largas colas. La resolución del Supremo indica en sus fundamentos jurídicos que la sala no puede pronunciarse ni sobre si Aznar vulneró la Constitución al participar en una guerra no declarada, ni sobre la legalidad internacional del conflicto, ni sobre la naturaleza de la participación de las tropas españolas, ni sobre si la declaración de Las Azores es equivalente a una declaración de guerra. El tribunal explica que estos posibles delitos se encuadran dentro de los llamados de traición, que, por orden constitucional, sólo pueden ser denunciados por el Congreso, tras aprobar por mayoría absoluta una propuesta en tal sentido de al menos una cuarta parte de los diputados. La simple denuncia de los ciudadanos no es suficiente y el Supremo no puede investigar los hechos si no se lo pide al Congreso, que no lo ha hecho.