El Supremo británico tardará meses en dictaminar sobre el referéndum escocés
La abogada del Gobierno alega que convocar plebiscitos no es un asunto constitucional
Nicola Sturgeon tendrá que esperar meses a que el Tribunal Supremo del Reino Unido decida si el Parlamento de Edimburgo tiene poderes para convocar un referéndum. El presidente de la máxima corte, Lord Reed, advirtió en un prólogo a la primera sesión que «la vista de dos días es solo la punta del iceberg». Los cinco jueces han recibido 8.000 páginas de documentación, explicó Reed. El compromiso de la ministra principal escocesa es convocar la segunda consulta sobre la independencia el 19 de octubre de 2023. Su plan podría ser afectado dependiendo de la dilación del tribunal para publicar su conclusión. Para el referéndum de septiembre de 2014, la fecha del voto se confirmó en marzo de 2013, mientras que ahora no se sabe aún si habrá o no consulta.
El caso que ve el Tribunal Supremo tiene dos cuestiones. En la primera las partes presentan argumentos sobre la competencia de esta corte para analizar la segunda cuestión, que es si la ley de la autonomía da al Parlamento escocés poderes para convocar una consulta. En la letra pequeña, si tiene poderes para introducir en la asamblea de Holyrood un proyecto de ley para organizar un referéndum.
Oposición
Las partes que se oponen son el Gobierno escocés y el del Reino Unido. El primero está representado por el Lord Advocate. Ese asesor legal ejercía sus funciones hasta 1998 en el Ministerio para Escocia, cuyo titular tiene asiento en el Ejecutivo de Londres. Con la autonomía, ese cargo legal pasó a asesorar al Gobierno escocés. Se sienta en el Gabinete y es también fiscal del Estado. Legalidad de propuesta La Lord Advocate, Dorothy Bain, ha cambiado como todos sus colegas las siglas de su rango en la profesión (Consejera de la reina, o QC) por King’s Counsel (KC) tras la llegada al trono de Carlos III. Pero se mantiene el título masculino de Lord Advocate para este cargo. Como el Ministerio para Escocia se quedó sin Lord Advocate, en 1998 creó un Advocate General.
Es ahora el abogado Keith Stewart. Bain explicó a los jueces que, a falta de una decisión de esta corte, ella no tiene certeza para decidir si el proyecto de ley que presentó Sturgeon el 28 de junio es legal para ser introducido en el Parlamento. Stewart desarrollará el miércoles sus argumentos sobre la no competencia del Supremo para analizar proyectos de ley, pero Bain argumenta que es una fase anterior: la legalidad de una propuesta.
La Lord Abogada quiere claridad sobre una cuestión que es de interés público, según ella. En los parlamentos elegidos desde la victoria del ‘no’ en la consulta de 2014, ha habido mayoría de escaños elegidos tras comprometerse con la celebración de un nuevo referéndum. Pero la ley de autonomía de 1998 reserva los poderes sobre las leyes constitucionales al Parlamento.