Las víctimas del partido de la guerra en Rusia: los demócratas
La oposición democrática rusa ha sido una de las principales víctimas colaterales de la campaña de represión contra los que critican la intervención militar en Ucrania, lo que ha puesto en bandeja la victoria en los comicios municipales y regionales al partido de la guerra, Rusia Unida.
«No es posible derrotar a Putin desde dentro. Tampoco podemos esperar a su muerte y que su sucesor sea menos autoritario. No vemos división en las élites. La única salida es suministrar armamento a Ucrania y derrotar a Putin en el campo de batalla», comentó a Efe Yelena Kotiónochkina, diputada municipal por Moscú exiliada en Lituania.
Desde febrero pasado, los partidarios de la paz en Rusia tienen sólo tres opciones: el exilio, manifestarse públicamente contra la «operación militar especial» y asumir las consecuencias, o la emigración interior, como es conocida en Rusia, es decir, callar.
Según la organización OVD-Info, las autoridades han detenido a miles de personas por condenar la guerra e incoado procesos penales contra, al menos 224 personas, de los que la mitad se encuentra en prisión preventiva o arresto domiciliario. Entre ellas figuran 78 políticos, que han sido inhabilitados para participar en los comicios locales que se celebran desde el viernes y se prolongan hasta mañana domingo.
La persecución de la oposición comenzó mucho antes, pero se intensificó con la aprobación de dos leyes con el fin de acallar cualquier discrepancia y, según las palabras del presidente, Vladímir Putin, arrancar de raíz la supuesta «quinta columna».
Oficialmente, Rusia no ha declarado la guerra a Ucrania, pero el precio a pagar por criticar la línea oficial es casi igual de alto que si el enemigo estuviera a las puertas de Moscú. La propagación de «información falsa» sobre la campaña militar se castiga con hasta 15 años de cárcel y el desprestigio del Ejército con penas administrativas (arresto o multa), lo que representa la inhabilitación para los candidatos a cargos oficiales. Con esos dos instrumentos legales en la mano, las autoridades han conseguido reducir al mínimo el ánimo de protesta en la sociedad.