Había indicios del peligro, según Minas, pero no «de esa magnitud»

Más de siete horas de declaración conjunta de cuatro de los peritos de Minas de la Junta dieron ayer para explicaciones, acuerdos, desacuerdos, salidas de tono y continuas llamadas al respeto por parte de la magistrada del Juzgado de lo Penal 2 de León, además de protestas de las defensas por las indicaciones de responder o no que se hicieron los ingenieros.

Una testifical en la que defendieron las conclusiones del informe presentado por la autoridad minera, que achaca a la caída de la bóveda el escape de grisú que acabó con la vida de 6 mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013.

Señalaron que la empresa era consciente del peligro del grisú, por eso llevaba a cabo medidas extraordinarias de desgasificación; pero consideraron que ante los indicios que se habían ido manifestando en el macizo 7º en los años anteriores al accidente se podían haber tomado otras decisiones. A pesar de que nunca Minas requirió a la empresa antes del siniestro cambios en el proyecto, ni hubo sanciones en las «decenas y decenas de visitas que se hicieron», ni se cuestionó nunca una preocupación por la seguridad que coincidieron en señalar que era modélica en la provincia.

Ayer prestaron declaración Sergio Celemín Matachana, jefe de la Sección de Minas de la Delegación Territorial de León; José Luis García González, jefe del servicio de Inspección, Formación y Seguridad Minera; Jesús González Martínez y Abel de Prado, técnicos facultativos de la Sección de Minas.

Estos tres últimos realizaron la investigación tras el accidente , con el actuario Juan José Vidal, que declaró el pasado miércoles. Señalaron que para su investigación se basaron sobre todo en el testimonio de 44 testigos a los que entrevistaron, además del análisis de 50 documentos. Reconocieron al fiscal que «había indicios» de que había peligro en la explotación, de hecho la empresa tenía medidas extraordinarias en esa zona tanto por la elevada cantidad de grisú como porque se explotaba en zona virgen; pero «nadie podía prever que fuera a suceder algo de esa magnitud».

El informe de Minas concluye que el origen del accidente fue la rotura de la bóveda, aunque no saben si produjo un derrabe gaseado o un desprendimiento instantáneo. En cualquier caso, calculan que se desprendieron de forma violenta alrededor de 19.000 metros cúbicos de metano, algo que está «fuera de todo rango de previsiones».

La capa avisó

Los peritos señalaron que el día 25, tres días antes del accidente, la capa «avisó», con un descenso del oxígeno hasta el 14%, «lo que implica que el grisú subió por encima del 30%». A pesar de lo cual los trabajadores no utilizaron sus autorrescatadores. «Pero salieron de la explotación».

Señalaron que concluyeron que hubo caída de bóveda por la «literatura del sector», según los testimonios recabados; pero que no pudieron ver los huecos que se habían formado tras el accidente. A pesar de que insistieron en que los trabajadores habían visto bóveda varios días, a pesar de lo cual se siguió sutirando. Lo que supone haber incumplido la DIS aprobada para explotaciones en virgen (sin minados superiores).

Los ingenieros de la Junta repasaron los accidentes e incidentes ocurridos en el macizo 7º desde el inicio de su explotación en las distintas capas, que no se producían en el resto de los macizos; y destacaron que la empresa «tenía todos los medios humanos y técnicos para detectar esos riesgos, y podía haber hecho algo». Como abandonar la explotación del macizo.

Se centraron también en señalar que la Vasco «hizo todo lo posible para que hundiera la bóveda del taller de la 7ª Este, pero no lo hizo». Y señalaron que «lo normal» era que hubiera caído entre la tercera y la cuarta calle, pero «se llegó a once calles y no había caído». A preguntas de las defensas, dijeron no recordar a cuántas calles habían hundido otros talleres, una de las cuestiones que se ha debatido ampliamente en la vista oral.

Los ingenieros afirmaron también que impidieron abrir el postaller por cuestión de seguridad, pero que nadie les pidió que lo hicieran. Discreparon en si esta petición debía haberse hecho directamente a la autoridad minera, o al facultativo del Pozo Emilio, que era quien tenía las responsabilidades en seguridad. Pero en todo caso «nadie nos lo pidió».