sábado. 02.07.2022
Dos agentes introducen documentación en la Audiencia. KIKO HUESCA

miguel ángel zamora | león

Un sargento primero de la guardia civil de 62 años, nacido en la provincia de León pero residente en La Coruña, ha sido condenado a una pena de quince años de prisión y una multa de 1.800 millones de euros, como autor de tráfico de drogas relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, con la particularidad de su condición de funcionario público de notoria importancia y ostentación de cargo de mando, agravada la pena por razón de cantidad, utilización de buque y pertenencia a redes internacionales.

La condena ha sido impuesta por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De los 31 imputados que se contabilizaban inicialmente en la causa, han sido condenados una veintena y otros cuatro han fallecido en el curso de la instrucción.

El apartado de hechos probados de la sentencia relata que en los últimos meses del año 2011, los procesados se concertaron para introducir en Europa, a través de España, una importante cantidad de cocaína procedente de Sudamérica.

En dicha actividad ilegal habría de participar un entramado delictivo hispano- sudamericano, dividido en dos ramas perfectamente estructuradas en lo referente a las relaciones de jerarquía grupal y al rol de cada uno de sus miembros, que decidieron aunar sus esfuerzos para la consecución de su proyecto criminal.

Al sargento primero de origen leonés la sentencia le atribuye la condición de ser “uno de los responsables de la rama de la organización encargada de preparar la infraestructura de seguridad necesaria, personal y material, para facilitar el acceso de la droga al punto del litoral gallego donde habría de ser descargada en condiciones que facilitaran la impunidad de la operación. El mismo, como sargento primero de la Guardia Civil en activo, a la sazón destinado en el puesto de la localidad de Estella (Navarra), pero con anterior destino en Corcubión (La Coruña), aprovechándose de tal condición, con desprecio de los deberes inherentes a su oficio y cargo, y valiéndose también del hecho de haber estado destinado en la zona, tenía potencial capacidad para conocer tanto los lugares de alijo en la costa, como los movimientos y actividades de las fuerzas policiales encargadas de la represión del narcotráfico, motivo por el cual era el encargado de coordinar el operativo criminal tendente a dotar de seguridad a la ilícita actividad preparada”.

Para llevar a cabo la operación de introducción de cocaína en España, se organizaron diversas reuniones a lo largo del primer semestre del año 2012, algunas de ellas en la localidad de Valdevimbre, lugar en el que se citaba con las personas de Galicia que iban a encargarse de la recepción de la droga en España, y teniendo lugar otras, a los mismos fines en Madrid. El día 17 de enero de 2012 se celebró en una de las cuevas de la localidad una reunión con cinco de los imputados, algo que se repetiría los días 14 de abril, 21 de junio y 4 de julio de 2012.

El entramado búlgaro aceptó pagar la cantidad de 180.000 euros por el transporte de la droga a tierra en adecuadas condiciones que aseguraran la impunidad de la operación, las que debía proporcionar el guardia civil leonés.

La Guardia Civil abortó la operación al intervenir el barco la noche del 10 de agosto de 2012 cuando se iba a realizar la operación. Cuatro días después, gracias a las pruebas encontradas, fue detenido también el sargento primero.

15 años por tráfico de drogas para un guardia civil de León