De los 3.273 sistemas instalados en León, tan sólo 32 son de titularidad pública

Actualmente en la provincia de León hay 3.273 sistemas de videovigilancia instalados, que pueden tener tanto una como varias cámaras. De estos, tan sólo 32 son de titularidad pública, lo que representa un 0,97%. Desde la Agencia de Protección de Datos se especifica que de las 22 que había en el 2012 se han incrementado en una decena en los últimos cinco años, siendo 30 en 2015 y 31 en 2016. A pesar del creciente uso de las cámaras por particulares, estos deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos y tan sólo podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquellas. Además, debe haber una «relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos». Desde la Agencia de Protección de Datos se indica también que si el sistema de videovigilancia graba y conserva las imágenes debe notificarse previamente a la misma y en el caso de las Administraciones Públicas debe crearse el fichero mediante una disposición de carácter general publicada en el correspondiente diario oficial para, posteriormente, inscribir el fichero. Otra de las obligaciones es informar mediante carteles de la existencia de videocámaras, como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas y el propietario del sistema debe disponer de impresos con la información a la que se refiere el artículo 5 Ley de Protección de Datos, acerca de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal; de la finalidad de la recogida de los datos y de los destinatarios de la información y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, entre otros aspectos. Asimismo, es preciso adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y, una vez grabadas, eliminarlas en el plazo de un mes.