LABORAL
O 35 horas para 14.961 empleados de la Junta o huelga
UGT considera que se cumplen las condiciones de control de déficit exigidas para poder volver a esa jornada
Hall del edificio de la Junta en León.
La UGT ha pedido hoy que los 14.961 empleados públicos de la Junta en la provincia (10.217 mujeres y 3.550 hombres más 607 hombres y 587 mujeres trabajando en la Universidad de León) vuelvan a las 35 horas semanales porque se cumplen las condiciones de control de déficit exigidas para poder volver a esa jornada, y ha advertido de que de no ser así convocará movilizaciones y paros. En la provincia hay 29.286 personas contratadas por las administraciones públicas en total (5.490 hombres y 2151 mujeres en las instituciones del Gobierno central y 3.880 hombres y 2.804 mujeres trabajando en los ayuntamientos). De ellos,14.961 dependen de la Junta y son los afectados por la medida.En la autonomía son 85.111 empleados.
A través de un comunicado, el sindicato ha recordado que el año pasado la Junta de Castilla y León, "sorpresivamente", incumplió las condiciones recogidas en el acuerdo firmado con el anterior gobierno y asumido por el actual para volver a esas 35 horas si se cumplía en estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
"Para el año 2019 y con los datos que disponemos a noviembre, la Junta cumpliría; es más, en el caso de déficit, el más complicado de cumplir, el dato de noviembre es del 0.05%, cuando el máximo autorizado es el 0.4%", ha aportado UGT.
Por ello solicitan las 35 horas para 85.111 empleados públicos, (Funcionarios, Estatutarios y Laborales), divididos en 34.048 estatutarios (trabajadores de Instituciones Sanitarias), 30.729 docentes no universitarios y 20.334 trabajadores en el resto de Consejerías. Ello, cuando esa implantación ya ha tenido desarrollo normativo en Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura, Andalucía, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Las 37,5 horas sólo tienen "justificaciones ideológicas" y supusieron, según el sindicato, "el cierre de contratos, en especial en la Gerencia de Servicios Sociales, con un aumento del paro, la pérdida de la calidad asistencial, y un empeoramiento de las condiciones para la conciliación de la vida laboral y familiar".
En sanidad supuso a si juicio "expulsar a profesionales" y "aumentar la carga de trabajo", con "un deterioro de los servicios sanitarios", por lo que volver a las 35 horas pondría a Castilla y León en "igualdad de condiciones con el resto de comunidades que ya la han implementado", colaborando en frenar la huida de profesionales.
Por ello, la UGT ha pedido a la Dirección General de Función Pública la convocatoria de la Mesa de negociación para la implantación de la jornada de las 35 horas; y de no llevarse a cabo esta Mesa ha anunciado movilizaciones "sin descartar paros".