domingo 29/5/22

Los profesionales entienden que la modificación legal va a comportar más perjuicios que beneficios: «Que nadie se engañe, en León no hay asuntos de 75.000 euros. Pueden decir: ‘¡Les parecerá poco cobrar 75.000 euros! Pero es que nuestra realidad no es esa», señala la decana.

El texto aprobado por el Pleno hace una valoración favorable de la introducción en el real decreto proyectado de la obligación de que el procurador entregue un presupuesto previo a sus clientes, en el que conste la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa o, si no se ofrece ninguna, conste también expresamente este hecho.

El dictamen señala, no obstante, que con independencia de la obligación de la elaboración del presupuesto previo, lo adecuado sería que dicha reducción se recogiera en la «hoja de encargo», por ser este el documento que refleja la perfección del mandato representativo y el contenido prestacional y económico de la relación negocial.

También contiene una disposición transitoria que establece que, «para los asuntos en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se aplicará la nueva naturaleza de arancel de máximos exclusivamente para los períodos o actuaciones que se inicien con posterioridad a ésta».

El dictamen aprobado por el Pleno observa que este régimen transitorio se aparta de la disposición que establecía la aplicación de la cuantía global máxima de 75.000 euros a todos los procedimientos iniciados a partir de su entrada en vigor; mientras que la aplicación de la prohibición de los aranceles mínimos se fijaba a la entrada en vigor no de la ley, sino del proyecto de real decreto objeto de informe.

«El 99% de los compañeros de León no cobra esas cantidades»
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