Los acusados en la Púnica cambian de estrategia y piden declarar al final
Alegan indefensión tras la inclusión de nuevos informes policiales traídos de otras piezas
Carrascosa, López, Sánchez, Barazón, Conesa y De Pedro, en el juicio iniciado ayer. ZIPI ARAGÓN / EFE
Los acusados por la pieza separada de la Operación Púnica correspondiente a la parte leonesa de la trama exigieron durante las cuestiones previas al juicio que se inició ayer en la Audiencia Nacional no declarar ni ser interrogados hasta que no se conozca el contenido de nuevos informes policiales, que se incorporan al procedimiento llegados desde otras piezas de la misma causa correspondientes a otras provincias.
Los abogados plantearon la posibilidad de que esta decisión cause indefensión y se quejaron amargamente de los perjuicios que supone para sus clientes el retraso en la instrucción, que ha sumado ocho años desde las primeras detenciones.
La primera sesión del juicio, que durará hasta el 1 de diciembre, sirvió para dar lectura a los cargos a los que deberán hacer frente los seis acusados de la rama leonesa en diferentes cuantías a penas de prisión por malversación, falsedad documental, fraude, tráfico de influencias, cohecho.
Para el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón, el Ministerio Fiscal propone penas de ocho años de prisión, siete para Pedro Vicente Sánchez, diputado provincial, Jesús López, interventor entonces de la Diputación, cinco y medio para Alejandro De Pedro, conseguidor, lo mismo para José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena y Guadalupe Carrascosa, empleada de la empresa Madiva.
Se les acusa de urdir una trama para mejorar la imagen política de Barazón a cambio de noticias favorables a él en periódicos zombies de Internet, que solo publicaban relatos favorables a su gestión.
A cambio, se gestionaba de forma supuestamente fraudulenta la explotación de infraestructuras de hostelería de la estación de San Isidro por valor de 90.000 euros. El pacto tácito incluía contactos al más alto nivel político para favorecer la elección de Martínez Barazón como presidente provincial del PP en León y candidato a la presidencia de la Diputación por el grupo conservador.
RECURSOS, RECURSOS Y RECURSOS
La fiscal Carmen García-Cerdá (que forma tándem junto a María Teresa Gálvez al frente del Ministerio Público) justificó el retraso en la celebración del juicio bajo el argumento de la reiteración de recursos: «Esta pieza procede de la investigación a Eico y Madiva y ha sido una de las piezas en las que más recursos se han interpuesto, en paralelo curiosamente y de forma muy llamativa con las piezas 3 (Murcia) y 10 (Ayuntamientos varios de la Comunidad de Madrid)».
«NO QUIEREN EL JUICIO»
La fiscal tuvo por momentos la sensación de que las defensas «no quieren que lleguemos a entrar en el juicio». Anunció que habrá pruebas periciales suficientes «para determinar si eran trabajos de publicidad o de reputación», advirtió la Fiscalía.
Las primeras intervenciones de las defensas refirieron la apreciación de dilaciones indebidas muy cualificadas que según el letrado de Alejandro de Pedro «podrían ocasionar la nulidad del procedimiento».
Cuanto menos «se ha causado un daño importantísimo a nuestros representados». Las fiscales lo achacaron «a la ingente cantidad de recursos que han presentado los procesados». Lo dijo García-Cerdá, que tomó la palabra la mayoría de las veces. «Ha habido que expurgar mucho material informático para preservar la intimidad de las personas. Había equipos en los que existían contenidos personales que pertenecían a la intimidad que no había por qué dar a conocer a la partes, porque eran cuestiones ajenas a la causa».
También sostuvieron que la modificación de los pliegos «no causó daño alguno a la administración provincial» para lo cual han presentado numerosa jurisprudencia. De Pedro solicitó declarar después de que se haya practicado la prueba por la acusación.
Así las cosas, los tres magistrados que se encargan de la celebración de la vista, Jesús Eduardo Gutiérrez como ponente, Francisco Javier Vieira y María Fernanda García, determinaron que el próximo lunes se anunciará si se acepta el cambio en el orden normal de desarrollo del juicio (habitualmente primero declaran los acusados y luego se practica la prueba documental y pericial). Será a partir de las 10.00 de la mañana, puede que en una sala diferente.