Alegría reclama a inspección educativa actuar ante la cuota de los concertados

«La ley es una ley orgánica muy clara y recoge que todas las familias tienen derecho a una educación gratuita y si esto no es así, las comunidades autónomas, a través de la inspección, tienen que actuar». La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, vuelve a la carga con la polémica sobre las cuotas que cobran los centros concertados y que, como recuerda, se recoge expresamente en la Lomloe.

La cuota de los centros concertados de la provincia va desde los doce a los 52 euros al mes, pero el delegado de Escuelas Católicas en León, Ricardo González, insiste en que no se trata de una cuota, sino de «una donación voluntaria» que las familias «donan a la fundación titular del colegio e, incluso, sirve para desgravar en la declaración de la renta». Algunas colegios también reducen esta aportación voluntaria en caso de que las familias tengan más de un pequeño escolarizado, aunque en otros la aportación es la misma independientemente del número de hijos que estudie en el centro.

Un informe elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado y la Asociación de Colegios Privados e Independientes refleja que el 87% de los colegios concertados cobran cuota a las familias pese a que la educación obligatoria es gratuita por ley, como remarcó la ministra, quien recordó que las competencias educativas están transferidas, por lo que deben ser las autonomías quienes actúen. «Las cuestiones que planteamos con las comunidades es trabajo colaborativo; son ellas quienes tienen la autonomía en materia educativa», dijo Pilar Alegría.

Una de las principales conclusiones del estudio señala que, con cifras muy similares a las de años anteriores y extrapolables a todo el territorio nacional, sólo el 13% de los colegios con los que se contactó no exigen ningún pago, según explicó Amparo Núnez, directora de proyectos de la consultora Garlic B2B, responsable de estudio.

Ricardo González remarca que los centros, en ningún momento, obliga al alumnado a pagar esa donación y que son muchas las familias que no lo hacen, «y no se margina a ningún niño por pagar a no pagar», remarca. Desde Escuelas Católicas inciden en un comunicado los colegios que integran esta red «se oponen a la existencia de cualquier cuota obligatoria por la impartición de la enseñanza concertada» y retan a las organizaciones que ha realizado el informe «que si tienen información fidedigna de presuntos incumplimientos legales deben ponerlo en conocimiento de la autoridades educativas». Y añaden: «El derecho a la donación está reconocido en la Constitución [...] y las aportaciones voluntarias que puedan recibir algunos centros de padres, ex alumnos, benefactores... son perfectamente legales por su carácter voluntario y están destinadas a un fin de interés general como es la enseñanza».