Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, los próximos en ser fiscalizados por el Consejo de Cuentas

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha evidenciado la evolución del sector público local en un informe que compendia las 92 auditorías sobre la Administración local de la Comunidad realizadas hasta la fecha por el órgano de control externo, 39 de ellas de carácter horizontal y 52 de entidades individuales

Además, desde que comenzase su existencia efectiva en 2005, se han emitido 820 recomendaciones dirigidas a ayuntamientos y diputaciones, siendo las administraciones que registran mayor grado de cumplimiento.

Así se desprende del informe ' El Consejo de Cuentas y las Entidades Locales de Castilla y León. Radiografía del sector público local', presentado este martes por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia , junto a los consejeros Emilio Melero y Miguel Angel Jiménez, quienes han entregado el documento a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMPCyL), Angeles Armisén.

Se trata, según ha explicado Amilivia, de una nueva publicación del órgano autonómico de control externo que compendia los aspectos más relevantes de cerca de un centenar de informes realizados desde el inicio de sus actuaciones en 2005 sobre la administración más cercana a los ciudadanos y que "pone de manifiesto la evolución de los ayuntamientos desde un punto de vista económico y de transparencia".

Amilivia, que ha hecho hincapié en la necesidad de  "avanzar en el ámbito de la colaboración institucional", ha destacado que este órgano ha logrado, "con gran trabajo", unos datos de rendición de cuentas que este año han estado tres puntos por encima de la media nacional. Todo ello, en una Comunidad que aglutina el 27,8 por ciento de los ayuntamientos de España pero que "adolece de medidas al estímulo de la rendición de cuentas" y que, según ha recordado, "se vienen reivindicando históricamente".

En este aspecto, ha recordado que el pasado mes de septiembre el Consejo de Cuentas presentó a los diferentes grupos políticos de las Cortes de Castilla y León una propuesta de reformas normativas donde, entre otras medidas, se plantea condicionar el pago de ayudas y subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la obligación legal de la rendición de cuentas.

A este respecto, el consejero de Cuentas responsable del Departamento de Entidades Locales, Emilio Melero, ha recordado que la rendición de cuentas en Castilla y León se sitúa en índices por encima de la media española, todo ello a pesar del gran número de entidades (4.937) que integran su sector público local (los municipios de Castilla y León constituyen casi el 28 por ciento del total nacional y las entidades locales menores, en torno al 60 por ciento) y de no disponer de medidas de estímulo a la rendición de cuentas ya implantadas con éxito en otras comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Madrid, Valencia y Aragón.

Por su parte, la presidenta de la FRMP ha subrayado la importancia de la transparencia como garantía de calidad democrática, valorando "muy positivamente" la contribución que en este sentido representa la labor que realiza el Consejo de Cuentas.

Armisén también ha defendido la " voluntad mayoritaria " de las entidades locales de dar cuenta de cumplir con el Consejo de Cuentas, aunque ha pedido "comprensión" para que esas medidas que solicita Amilivia de cumplimiento de obligaciones legales sean "proporcionales" y afecten "a quien realmente es incumplidor y no a quien tiene dificultades".

"Consciente y segura" de que los informes ayudarán a las entidades locales a mejorar en su labor diaria, la presidenta de la FRPM ha reiterado su defensa de una "sensibilidad establecida y consensuada" en lo que respecta al Consejo de Cuentas y considera que "la sanción tiene que ser último instrumento para quien no cumple con la obligación legal".

En este sentido, Armisén y Amilivia han expresado su voluntad de establecer cauces de colaboración entre ambas instituciones, con el objetivo común de mejorar la rendición de cuentas en todo el sector público local de la Comunidad.

Próximos pasos

El pasado 11 de febrero las Cortes de Castilla y León aprobaron el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2021 elaborado por el Consejo de Cuentas. Con esta nueva programación trabaja actualmente en un total de 50 informes, de los cuales 32 están referidos al sector público local.

Gran parte de las auditorías previstas derivan de la situación ocasionada por la pandemia del coronavirus. Dentro de las fiscalizaciones especiales, en el ámbito local se verificará la repercusión en materia de tributos propios de las capitales de provincia, así como el destino dado por los ayuntamientos a los fondos recibidos específicamente para la COVID-19. También se realizará un análisis del impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del sector público local.

Los trabajos previstos incluyen también algunas de las transformaciones sociales surgidas en la pandemia. En el ámbito local, se incidirá en la revisión de la seguridad informática de los ayuntamientos de Palencia, Avila, Burgos, Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa Marta de Tormes y Benavente. Asimismo, se analizará la eficacia y eficiencia de la gestión recaudatoria de las 9 diputaciones, cuestión fundamental en tiempos de crisis, y especialmente por su implicación con los pequeños municipios.

Siguiendo la línea marcada por planes anteriores, el Consejo de Cuentas busca valorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. Así, se incluye el análisis de la Ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León.

Por último, se cierra una primera fase de fiscalizaciones de las capitales de provincia al incluirse la correspondiente al Ayuntamiento de Segovia, ejercicio 2020.

Radiografía

El órgano de control externo ha realizado en sus 16 años de actividad un total de 92 auditorías sobre la Administración local de la Comunidad. Del conjunto de informes aprobados, 39 han sido fiscalizaciones de carácter horizontal, entre los que se encuentran 16 informes de mandato legal sobre las cuentas del sector público local, y 53 han sido auditorias individuales a entidades locales determinadas.

El presente compendio de auditorías incluye un resumen de los 27 informes horizontales sobre el sector público local de la comunidad autónoma publicados en el periodo 2012-2020. Durante dicho periodo 2012-2020 se han realizado un total de 71 informes sobre el ámbito local de la comunidad autónoma, de los cuales 44 han tenido como objeto entidades a título individual.

Los 92 informes publicados sobre el sector público local contienen un total de 820 recomendaciones. En 2013, la Ley que modifica la Organización y el Funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad, introdujo como novedad la elaboración de un informe anual para analizar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los entes fiscalizados.

En el conjunto de los 7 ejercicios estudiados, las entidades locales han demostrado un índice de cumplimiento superior al de la media del total de entes fiscalizados. Así, sobre un 45 por ciento de promedio global de recomendaciones aplicadas total o parcialmente, los ayuntamientos registran una media del 50 por ciento y las diputaciones provinciales del 61 por ciento.