martes. 31.01.2023
                      Pedro Vicente Sánchez, a su llegada a la sala. BENITO ORDÓÑEZ
Pedro Vicente Sánchez, a su llegada a la sala. BENITO ORDÓÑEZ

Casi ocho horas de juicio deparó la segunda jornada de interrogatorios en la vista que se sigue en la Audiencia Nacional por la pieza leonesa de la Operación Púnica, que concitó dos partes bien distintas.

Por la mañana, un agente de la Guardia Civil detalló cómo las primeras investigaciones arrojaron la conclusión de que los pagos por mejorar la reputación en Internet no eran idea original de Marcos Martínez Barazón. La UCO tiene pruebas de que ya en 2012 Isabel Carrasco se dio a las mismas prácticas con los mismos mediadores.

Por la tarde, Eduardo Ruiz Valenzuela, uno de los asesores del conseguidor Alejandro de Pedro, regateó con evasivas constantes el aserto de las fiscales. No consiguieron que confirmara su tesis de que el entonces presidente interino del Palacio de los Guzmanes estuviese ideando la creación de una empresa junto a De Pedro para obtener beneficios de las actividades paralelas a su cargo político como presidente de la Diputación. Todo lo más que alcanzaron fue ratificar que durante unas vacaciones de verano en Sancti Petri, el ahora alcalde de Cuadros se vio con alguno de los asesores.

La causa sienta en el banquillo a seis personas acusadas de delitos de malversación, fraude, falsedad en documento público y tráfico de influencias, con propuestas de penas de entre ocho y tres años y medio de prisión.

«En el análisis que yo hice vi dosieres paralelos a la inserción de banners y había cuadernillos que hablaban de que los trabajos de reputación había que hacerlos sobre Isabel Carrasco, para hacer frente a las crisis políticas que sufría», declaró el agente de la UCO. «Marcos tenía necesidad de mantenerse en la Diputación. Tiene una frustración en esa época y quiere mantenerse en la Diputación. Por eso quiere saber qué tiene que hacer, porque el partido no estaba muy de acuerdo en que siguiera en la Diputación. Le recomiendan un discurso, trasladar mensajes a autoridades del partido a nivel central y cómo debe hacer para quedarse como puesto orgánico, no interino. En Castilla y León se oponían y el necesitaba llegar a un nivel superior», dijo el guardia civil. «Pedía interlocución ante Floriano y Cospedal. Lo hizo especialmente en una convención nacional del PP en Murcia», reseñó el agente.

Las defensas insistieron en la misma estrategia: restar consistencia a las afirmaciones de los responsables de la UCO. Así, Natalia Escanciano, representante de Martínez Barazón, cuestionó si la Guardia Civil había investigado qué apoyos tenía el presidente de la Diputación en su partido para optar a la reelección. Juan Carlos Zataraín hizo lo mismo en lo referente a las diligencias abiertas por el asunto del alquiler de pisos de su propiedad a la Diputación para cursos escolares de esquí: «Ustedes no han investigado si solo se abrieron diligencias o si fue juzgado».

La más llamativa la propuso la segunda defensa, en nombre de Alonso Conesa: «Es falso que como ustedes dicen, se le hubiese adjudicado la explotación de dos cafeterías a De Pedro después de una reunión con el interventor, Jesús López», aseguró el letrado. El guardia civil respondió lacónico: «No sé si es verdad o no, pero sí sé y está grabado que le dice a su padre al salir de la reunión con el interventor que le han adjudicado las dos cafeterías».

Atribuyen a Isabel Carrasco el primer entramado destapado por la Púnica