Autónomos y pymes afrontan un otoño caliente por la inflación y los costes sociales

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos con algún empleado a su cargo tendrán que enfrentarse a un otoño caliente por la escalada desmedida de los precios, con la luz disparada, y por el incremento del IPC, que señala a León como la provincia donde más subió la cesta de la compra, que se encareció un 4,4% en el mes de agosto, muy por encima de lo que crecieron los ingresos de la mayoría de negocios, aún convalecientes por los efectos de la pandemia.

Solo la factura eléctrica supone en estos momentos hasta «mil euros» más al mes, según los cálculos que hace la Asociación de Trabajadores Autónomos, desde donde advierten que los negocios relacionados con la hostelería son los más afectados en este caso, aunque un pequeño comercio paga ahora más del doble de lo que abonaba hace doce meses (unos 250 euros más), cuando el megavatio/hora cotizaba por debajo de los 50 euros. Ayer se vendió a 111,6 euros, el precio más bajo desde agosto. Algunos días superó los 200.

En lo que va de 2021, la luz el gas y el resto de combustibles han aumentado su coste un 24,4% en la provincia, según acredita el Instituto Nacional de Estadística. Lo sufren, principalmente, los trabajadores por cuenta propia que se dedican al transporte o a cualquier tipo de actividad que necesite coche o furgoneta. La patronal del sector estima que los gastos pueden dispararse hasta los 5.000 euros anuales si no se revierte esa tendencia, sobre todo en un momento complicado para miles de pequeños empresarios que todavía no han recuperado la facturación previa al covid. De hecho, en el mes de septiembre la Seguridad Social pagó a 2.085 autónomos afiliados en León el cese de actividad porque aún registran pérdidas.

Al mismo tiempo, el Gobierno reactivó la subida de los tipos de cotización pactada en 2018 y que paralizó mientras negociaba con los agentes sociales cómo iba a quedar el Salario Mínimo Interprofesional, que, según lo previsto, también crece, hasta los 965 euros al mes, desde el 1 de septiembre. Para un autónomo o pyme con personal esto supondrá como mínimo 450 euros más al año por cada empleado, aunque, con el escenario descrito por la ministra de Trabajo, en 2023 el sobrecoste alcanzará los 755 euros por ejercicio y persona. A esto hay que añadir el aumento de los tipos de cotización, de entre 3 y 12 euros al mes, en función de los ingresos.

La carga es, por tanto, demasiado pesada para uno de los colectivos que peor lo ha pasado durante la pandemia y que apenas ha recibido ayudas por parte de las administraciones públicas, más allá del cese de actividad, que no llega en León a 700 euros, y de alguna subvención que tan solo recibieron unos pocos.

De los 7.000 millones que movilizó el Ejecutivo central para paliar la crisis de estas empresas apenas se sabe nada. Los requisitos que hay que cumplir para acceder a ese dinero son tan restrictivos que, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, «solo va a llegar a una de cada diez pymes». En la provincia eso significa que más de 30.000 profesionales de diferentes sectores no van a cobrar nada. De momento las administraciones han aprobado una prórroga para ver si se puede repartir todo el presupuesto. A Castilla y León le corresponden en total 232 millones y de las más de 11.000 solicitudes recibidas únicamente se habían resuelto favorablemente a mediados del mes pasado el 12,5%.

Muchos autónomos se dieron de bruces con la burocracia cuando fueron a solicitar la ayuda porque el decreto del Gobierno únicamente contemplaba que este tipo de concesión fuera para pagar a proveedores, suministros o créditos financieros. Eso perjudicó a los empresarios que aguantaron los peores meses del covid con ahorros propios, aunque su facturación cayera por encima del cincuenta por ciento. También quedaron fuera las empresas que tenían deudas con la tesorería, aunque en febrero de 2020, antes de que estallara la pandemia estuvieran al día.