Diario de León

Villaquilambre

El Ayuntamiento clausura el poblado gitano de Navatejera tras 19 años

Servicios Sociales buscó soluciones de realojo a las familias que se quedaron en la zona

León

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El Ayuntamiento de Villaquilambre clausuró definitivamente ayer el asentamiento de Las Praderas, un recinto que valló y dotó de enganches de luz y agua en el año 2000 para realojar a una treintena de familias gitanas que se habían instalado con sus caravanas en torno al Polideportivo de Navatejera. En aquella fecha, se decidió enfriar la tensión que se había producido entre los vecinos de la localidad y los acampados ofreciéndoles un convenio para residir en el poblado, ubicado a 400 metros del casco urbano.

Sin embargo, se produjo una gran rotación de moradores. Los huecos que iban dejando las familias acogidas al convenio municipal, que se marchaban a ferias fuera de León, eran ocupados por otros familiares o conocidos no inscritos en el municipio. De hecho, Las Praderas acabó convirtiéndose en un asentamiento considerado ilegal, que generó numerosos problemas con la población de Navatejera.  

Hasta el punto de que en marzo de 2016 la Subdelegación del Gobierno en León llegó a propiciar una cumbre policial y social en Villaquilambre para intentar resolver los conflictos de convivencia que denunciaban parte de los vecinos, en relación al poblado gitano. Se quejaban de la segunda oleada de robos, con puertas arrancadas y cristales rotos en las casetas de las fincas colindantes, además de trapicheo, carreras de vehículos nocturnas y montones de basura e insalubridad. El alcalde, Manuel García, instó a buscar soluciones, empezando por supervisar en el padrón qué familias quedaban de las del acuerdo del 2000. Contabilizaron cinco.  

SETENTA PERSONAS  

Desde entonces, los Servicios Sociales del Ayuntamiento trabajaron en diferentes iniciativas que culminaron con el desmantelamiento de un asentamiento que llegó a albergar a 70 personas, entre niños y adultos. La concejalía ha tramitado alquileres sociales, normalizados y la compra de fincas para su realojo.  

El pasado mes de noviembre abandonaron el recinto las dos últimas familias que se encontraban en Las Praderas, lo que ha permitido a la concejalía que dirige Carmen Oláiz darlo por desmantelado ayer y comenzar las gestiones para limpiar el terreno y decidir, entre varias opciones posibles, la manera de acotar la zona.  

«Han sido tres años en los que Servicios Sociales ha realizado una gran labor. No ha sido fácil buscar salidas dignas a las 30 familias que estaban acampadas en la zona, pero el personal del Ayuntamiento ha ido estudiando caso a caso para ofrecer una solución», indicó.

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