El Ayuntamiento y la Junta se comprometen a cerrar antes de final de año el bus integrado

La disfunción que hace que los autobuses rojos y azules, pagados por el Ayuntamiento de León y la Junta, respectivamente, pasen por los mismos puntos para coger y dejar viajeros, va camino de arreglarse. La duplicidad de los servicios, traducida a su vez en dos facturas, se resolverá con la integración en uno solo, como se comprometieron las dos administraciones en la reunión mantenida a final de la pasada semana, a la que asistieron el alcalde, José Antonio Diez, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. No hay más tiempo, como coincidieron en admitir, acuciados por que el contrato de los interurbanos se encuentra prorrogado ya y el urbano vence a finales de este ejercicio, a pesar de que se cuenta con la moratoria al menos hasta el primer trimestre de 2022 que reclamará la concesionaria como compensación por los meses de restricciones del covid.

Pero más allá de este calendario temporal, el Ayuntamiento y la Junta admiten que en 2022 tendrá que estar en funcionamiento el nuevo modelo de transporte. El encuentro, en el que participaron técnicos de ambas partes, sirvió para valorar las diferentes opciones que existen para solucionar el problema de la personalidad jurídica. Sobre la mesa queda la posibilidad de plantear un convenio interadministrativo entre el consistorio y la administración autonómica al que se sumen los municipios interesados, previa aportación económica. Junto a esta posibilidad gana enteros la alternativa de aprovechar la mancomunidad de interés general como marco de gestión, aunque primero deberá dejar que termine el contrato del bus urbano, en el que la empresa adjudicataria cuenta con una cláusula por la cual se prorrogaría el compromiso 10 años de manera automática si se constituye un mancomunidad para prestar el servicio.

Sin este condicionante, que se levantará en primavera de 2022, León podría incluir entonces el transporte entre las competencias de la mancomunidad de interés general. Sobre esta base, se gestionaría la participación en el servicio del resto de ayuntamientos que forman parte del órgano: San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cuadros, Chozas de Abajo, Sariegos, Valverde de la Virgen, Mansilla Mayor y Onzonilla. A mayores, podrían adherirse, previa inclusión en el ente mancomunado, los otros siete consistorios que estaban en la concepción inicial pero que no han dado el paso: Santovenia de la Valdoncina, Garrafe de Torío, Valdefresno, Vega de Infanzones, Villadangos del Páramo, Villasabariego y Villaturiel. En suma, más de 205.000 habitantes, el 44% del censo provincial.

Aunque el plan del servicio unificado se centra en León y su área metropolitana. El Ayuntamiento y la administración autonómica, previa consulta a los municipios interesados, tienen que cerrar ahora el mapa de estos autobuses rojos que darán servicio a los núcleos con más demanda. Como complemento, habrá buses azules con el resto de municipios a los que la Junta tiene que garantizarles el transporte.

El coste dependerá de los itinerarios definitivos y el modelo de explotación, en el que no se descarta por ahora la gestión directa. La municipalización, que conllevaría asumir al centenar de empleados, dependerá del estudio económico encargado al Ildefe. Si se descarta esta vía, se sacará un nuevo concurso. Pero, en todo caso, León no quiere que su aportación supere los 4,2 millones que paga ahora por el déficit de explotación, tras restar a los 7 millones de euros de la factura total los 2,8 millones del billetaje. La Junta, por su parte, abona ahora cerca de 2 millones al año. En la suma de estas cuentas debe quedar el presupuesto de un servicio unificado en el que no duplicar los costes que ahora abonan a las dos filiales de Alsa.