miércoles 25/5/22

El Ayuntamiento de León no tiene quien lo defienda

El consistorio convoca una bolsa temporal de empleo para atender la carga de trabajo tras quedarse tan sólo con un letrado en plantilla
                      Imagen de la sede central del Ayuntamiento de León. MARCIANO PÉREZ
Imagen de la sede central del Ayuntamiento de León. MARCIANO PÉREZ

La situación ha llegado al límite de que la única persona con la condición de letrado figura en un caso como demandante a la vez por una reclamación de clasificación profesional. No hay nadie más. Las otras dos plazas están vacantes: una por fallecimiento y la otra porque el titular se encuentra en situación de «servicios especiales» tras incorporarse como secretario general del Incibe. El Ayuntamiento de León no tiene quien lo defienda. Ante esta situación, el equipo de gobierno quiere atajar la carencia de profesionales en la asesoría jurídica, que atiende más de un centenar de asuntos al año, con la convocatoria de una «bolsa de empleo temporal urgente» que cubra las necesidades hasta que se saquen las plazas de manera definitiva.

Los elegidos contarán con la condición de interinos «por un máximo de tres años», como se recoge en la convocatoria, en la que se incide en que su nombramiento se mantendrá «hasta la constitución de una nueva bolsa derivada de los procesos selectivos legalmente previstos». Transcurrido este tiempo, «se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario», o que la convocatoria se haya publicado dentro de ese plazo.

El documento rector de la convocatoria reseña que «la jornada de trabajo será a tiempo completo, en función de las necesidades y el nombramiento realizado». El sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones «serán las correspondientes al grupo y subgrupo al que pertenecen A1», lo que lo ronda los 35.000 euros.

Para poder concurrir, los aspirantes tendrán que «contar con la titulación o estar en condiciones de obtener, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado en Derecho o Graduado en Derecho», según se apunta en las bases, en las que se abunda en que «en el supuesto de invocar título equivalente al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por la autoridad competente en materia educativa que acredite la equivalencia».

Entre los requisitos se recoge además que no tendrán que «haber sido separados del servicio de cualquiera de las administraciones públicas mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitados para el desempeño de empleos o cargos públicos»; ni tampoco tener una condena «por sentencia firme por algún delito de agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos».

La selección se hará por «concurso, consistente en la valoración de méritos», con arreglo a «los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad», y con la «finalidad de la cobertura inmediata del puesto». Las bases citan que se puntuará con hasta 5 puntos la «experiencia profesional como letrado o juez en cualquier administración pública, a razón de 0,20 puntos por cada mes completo de servicio en cualquiera» de ellas.

El resto de la evaluación dará hasta 4 puntos por «experiencia profesional como abogado o procurador en el sector privado, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicio» en el mismo, y un punto más por «exámenes superados en cualquier proceso selectivo por oposición para el acceso como funcionario de carrera, en cualquier administración pública, a la categoría de letrado o Judicaturas, Grupo A, Subgrupo A1, realizados en los últimos 5 años».

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