El Ayuntamiento prepara un plan para los indigentes con problemas mentales

Hay cada vez más casos. Las estadísticas hablan de que «un 72% de las personas sin hogar sufren trastornos mentales, aunque no estén diagnosticadas». Pero desde las entidades que trabajan en León con los transeúntes se alerta de que no hay una coordinación para poder actuar con ellas y se necesita una puerta de entrada más rápida que una la labor de los servicios sociales con el sistema de salud para acceder a la atención psiquiátrica. No se trata de que la situación se haya cronificado solamente, sino que se agrava, como insisten las asociaciones, que trabajan desde el pasado mandato con el Ayuntamiento de León para definir un protocolo que tenga como «objetivo fundamental proteger los derechos de las personas sin hogar y proteger a los ciudadanos y el entorno donde todos vivimos en los términos de la legislación, municipal, autonómica y estatal, siempre en virtud de los principios de cooperación y colaboración».

El empeño implica al Ayuntamiento, la Junta y la Fiscalía Provincial, que ya se han reunido con las entidades que trabajan con transeúntes, como San Vicente de Paúl, Cáritas, Cruz Roja, Cauce y la Asociación Leonesa de Caridad, además de con la Asociación Leonesa de Familiares, Amigos y Enfermos Mentales (Alfaem). Con la misma fórmula que ya se utilizó para crear el protocolo de intervención para las personas con síndrome de Diógenes, se busca lograr una «atención inmediata, flexible y coordinada» que logre que los indigentes sin diagnosticar puedan estarlo y, a partir de ahí, conseguir un tratamiento eficaz que mejore su calidad de vida. Ahora, se tarda una media de dos años desde el momento en el que se inicia el proceso para convencer al afectado, según apuntan desde los colectivos, que demandan desde hace tiempo que deben acelerarse los pasos.

Los objetivos principales marcados empiezan por lograr la «intervención con pacientes con enfermedad mental con riesgo de lesionarse a sí mismo o a los demás» y «evitar situaciones lesivas para ellos y para su entorno», tanto en el caso de «terceras personas como de bienes», según se cita en el documento, que incide en la importancia de mejorar la seguridad ciudadana, con especial incidencia para las personas que tienen que tratarles en las entidades sociales. El trabajo conjunto persigue «unificar criterios de actuación y detallar el procedimiento a seguir», poner en marcha «medidas preventivas» y crear «un modelo de intervención con aquellas personas que rechazan la asistencia». En este último punto se cita la necesidad de lograr que se «agilice la intervención de las fuerzas de orden público» y, en caso más extremos, conseguir que mediante la acción de la Fiscalía Provincial se promuevan acciones que permitan su incapacitación con el fin de que sean asistidos.