El Ayuntamiento recupera las tasas ambientales aunque rebaja sus tarifas

Las tasas ambientales y las tasas de apertura de establecimientos, eliminadas en 2017 del cuadro de obligaciones tributarias, vuelven al listado de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de León, gracias al acuerdo del equipo de gobierno de PSOE y Podemos, apoyado por la UPL en el Pleno de ayer. Pese a la oposición del PP y Cs, que promovieron su desaparición en el anterior mandato, los hechos imponibles se recuperan fundidos tan sólo en un tributo, denominado tasas por la prestación de servicios ambientales, y reducidos de manera más que considerable: de los 1.254,65 a 125 euros para, por ejemplo, bares de menos de 50 metros; o de los 501,95 a los 50 euros para una tienda de ropa de las mismas dimensiones.

Las tarifas, que tienen que pasar ahora por exposición pública antes de ratificarse y entrar en vigor previsiblemente en abril, se mantienen en estos niveles hasta los 300 metros cuadrados, que es la barrera a partir de la cual el recibo sube hasta los 950 euros en el caso de los establecimientos que sólo necesiten control de apertura y los 1.600 añadidos si se trata de negocios que requieran ambiental. Sobre esta diferenciación incidió el alcalde, José Antonio Diez, al criticar que la eliminación permitía el «café para todos» del que se beneficiaron tanto los pequeños comercios como las grandes superficies, caso del Zara de Ordoño II. «Si por 175 euros no abres un negocio, poco futuro tiene», reseñó el regidor, después de que su concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, hubiera justificado los motivos en la «justicia, por cuanto supone un coste para el Ayuntamiento y se tiene que financiar, y la equidad». Las dos cuestiones se abordan en el informe económico que acompañó el acuerdo, en el que se recoge también que la previsión de ingresos queda en 134.025 euros: apenas el 22,44% del coste que supone su prestación para la administración, muy por debajo de los 525.000 euros que vienen apuntados en el presupuesto para el ejercicio 2020.

Al voto favorable se añadió la UPL, no sin antes apuntarse el tanto de haber frenado la propuesta anterior, que apuntaba tarifas de 1.310 euros sin separar por dimensiones. «Con más de 300 metros sí pagarán más como consecuencia de que se considera que es gran comercio», razonó el leonesista Eduardo López Sendino.

El argumento no le sirvió al PP. La concejala popular Ana Franco afeó a los leonesistas que apoyaran en 2017 la eliminación con el argumento de que era una tasa que «los tribunales empiezan a entender que es absolutamente ilegal». «Ahora, la aprueban», recalcó la edil, quien defendió que el nuevo establecimiento del tributo «va a imponer una medida que grava la creación de empresas y sube la carga fiscal», en contra de la supresión que se fundamentó en «el convencimiento de que era un incentivo al emprendedor».

Los argumentos los suscribió Cs. El concejal Luis Merino explicó que la eliminación «hace más fácil y menos gravosa» la aparición de «emprendedores y con ello la creación de empleo». Para apuntalar el razonamiento rebatió incluso los datos del equipo de gobierno, que había insistido en que la supresión no había generado una subida de empresas. «Hubo un incremento del 38% en 2018 y del 64% en 2019 en las licencias», señaló el edil naranja con el informe económico como sustento para su afirmación.