El Ayuntamiento señala 951 edificios de más de 40 años para la segunda revisión

La rueda no se para. La segunda vuelta de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) da turno para que 951 inmuebles de León, Armunia, Trobajo del Cerecedo y Oteruelo de la Valdoncina cumplan con sus obligaciones con la administración municipal. El listado anota en su mayoría a los que tuvieron que pasar la criba ya en 2011, dado que superaban los 40 años de antigüedad, pero además suma a otros 148 construidos en 1980 y medio centenar más de ejercicios anteriores que habían sufrido reformas de calado que les liberaban de la obligación. En buena parte se espera que la revisión pase por un trámite rutinario más liviano que la vez anterior, dado que hace 10 años ya debieron acometer las reformas necesarias para adecuarse a las exigencias constructivas que garanticen su «seguridad y salubridad», como se cita en la ordenanza reguladora que convirtió al municipio el pionero en España.

Pero el grupo en el que se detecten los expedientes con irregularidades, acompañados de la obligación de ejecutar la reforma antes de contar con el visado definitivo, ayudará a engordar la bolsa de trabajo que han movido las ITE desde su creación en el año 2009. En suma, de acuerdo a las licencias de obra registradas en el departamento de Urbanismo del consistorio, se han generado más de ocho millones de euros ya, después de la primera ronda de repaso, que terminó en 2019 con 5.799 casas sometidas al dictamen de los técnicos.

El listado de los más de 1.200 expedientes desfavorables anotan problemas con los fallos detectados en las cubiertas, las instalaciones, la impermeabilización o la estructura. Las revisiones se fijan en forjados afectados por la humedad que amenazan la estabilidad de los inmuebles, fachadas en las que se acrecientan grietas que necesitan ser selladas, vigas que se han desplazado, cornisas con riesgo de desprendimiento o muros de carga movidos. El extenso catálogo reseña además el estado de las redes generales de saneamiento, electricidad, fontanería o gas en las que se pueden apreciar deficiencias de seguridad. Toda falta se apunta. En caso de que los técnicos, cuya factura suele rondar los 150 euros por vivienda, lo consideren necesario, queda pendiente de aprobación hasta que se constate que se ha arreglado. De media, las licencias demuestran que estas intervenciones han supuesto 6.000 euros de gasto por cada edificio, aunque también se han dado casos extremos de propietarios de pequeñas casas que han preferido tirarlas porque la factura excedía la de una nueva construcción.