El Ayuntamiento sólo ha hecho 42 de las 126 obras eléctricas urgentes exigidas por ley

No existe «la documentación de la instalación», los diferentes cuadros «dependen del diferencial general de fuerza», hay «enchufes sin protección en aulas de niños de 3 años», las dependencias carecen de «suministro de socorro cuando se trata de un local de pública concurrencia», no existe «iluminación de emergencia», todo el alumbrado y fuerza del edificio «depende de un solo diferencial»... El listado de deficiencias se extiende dentro de los 125 informes técnicos realizados por los organismos de control autorizado (Oca), exigidos por el reglamento electrotécnico para baja tensión de los edificios de titularidad municipal. Todos ellos se cierran con la advertencia de que se trata de irregularidades «graves» y se concede al consistorio de León «6 meses» para ejecutar las obras. Pero, vencido el plazo, apenas hay ejecutadas 42 dependencias del total de 125 inmuebles.

El incumplimiento no ha tenido por ahora sanción por parte de los servicios de Industria de la delegación territorial de la Junta, responsable del control. La flexibilidad llega después de que se hayan mantenido conversaciones para que la administración autonómica asuma el coste de la reforma de parte de los colegios, dado que se estima que al Ayuntamiento le corresponde la competencia del mantenimiento, pero en este caso se trata de un problema de infraestructura. Con arreglo a este criterio, la delegación de Educación ya asumió la intervención en Anejas, pero quedan pendientes otras de envergadura como las de Luis Vives, Quevedo, Cervantes o Antonio Valbuena para las que no hay una respuesta cerrada, pese a que se trata de deficiencias a corregir no sólo por legislación, sino por seguridad estructural, más si cabe cuando afecta a dependencias en las que hay menores.

Los boletines fueron entregados por parte del organismo independiente de control autorizado, que percibió una factura de 31.364,41 euros por sus trabajos, entre los meses de enero y abril del pasado año. A partir de su recepción empezaron a contar los 6 meses de plazo. Para atender su ejecución, el anterior equipo de gobierno llegó a aprobar una modificación de crédito en la que se disponían 1.102.157,24 euros para los trabajos. El contrato no se llegó a adjudicar, sino que se optó por que fueran los servicios eléctricos municipales los que se encargaran de acometer los trabajos con la consiguiente compra de material. Pero, en muchos casos por la falta de la documentación necesaria para ejecutar los proyectos, tan sólo se llegó a atender a 29 inmuebles, antes de que la partida presupuestaria tuviera un nuevo cambio, ya en este mandato, para que los fondos sirvieran «al pago de las cantidades adeudadas por los conceptos de gasóleo de colegios y gas de diversos edificios municipales», según reconoció la Concejalía de Desarrollo Urbano, dirigida por Luis Miguel García Copete, como respuesta a la pregunta planteada por el PP en una comisión informativa. Ahora, sin que haya habido más avance, el Ayuntamiento cuenta con una partida de 100.000 euros que se destinará a la ejecución de los informes. Por delante se necesitarán cerca de un millón de euros, según las estimaciones técnicas, para poder afrontar las intervenciones obligadas por la ley.