Los ayuntamientos centran las quejas ante el Común

El presidente de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, entregó ayer en las Cortes la Memoria Anual correspondiente al año 2020, en la que se recogen 329 reclamaciones y 250 resoluciones. El Procurador del Común, órgano al que está adscrita la comisión, destacó que intensificaron su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. Añadieron que la memoria se expondrá en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas.

Tomás Quintana apuntó que «en este quinto año de funcionamiento se presentaron cuatro peticiones más que en 2019». Del total de reclamaciones recibidas, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales, es decir, el 72%, de las cuales 190 correspondieron a ayuntamientos, 36 a entidades locales menores y 12 a diputaciones provinciales; mientras que 77 se presentaron frente a la Administración autonómica.

Desde la Comisión de Transparencia citaron que de las 243 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta por parte de las administraciones a la petición de información realizada, habiendo pasado del 63% en 2019, al 74% en 2020.

Las tres materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de estas y al empleo público en general. El pasado año, la Comisión de Transparencia adoptó 251 resoluciones, 35 más de las formuladas el año anterior.

El organismo advierte de que «estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales», en este sentido, las ocho sentencias judiciales adoptadas en 2020 confirmaron la postura adoptada por la misma.