Los ayuntamientos leoneses salvan los 274,2 M€ que quería 'gestionar' el Gobierno

Los remanentes generales de tesorería para gastos generales se quedan donde están. El Congreso tumbó ayer, como ya había hecho el miércoles el Senado, la convalidación del decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para la cesión al Estado de estos ahorros de las administraciones municipales y provinciales. El revés hace que el Ejecutivo central se quede sin los cerca de 15.000 millones de euros que los consistorios y diputaciones han ahorrado desde que en 2012 entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dentro de esa cifra total, que engorda sus cuentas en los bancos y que no podían utilizar pese a provenir de sus superávits, León suma 274.703.598 euros: 105.544.223 acumulados por las entidades locales y 169.159.375,8 de la institución con sede en el Palacio de los Guzmanes.

El real decreto se anula después de casi dos meses de polémica que el Gobierno había salvado de inicio con el apoyo de sus alcaldes en la Federación Nacional de Municipios y Provincias gracias al voto de calidad de su presidente, el regidor de Vigo, Abel Caballero. Pero el texto desaparece toda vez que el Ejecutivo de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos se quedara en solitario en ambas cámaras. Ni siquiera sirvieron la intentona de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concitar un mayor apoyo con el cambio de las condiciones de reparto del fondo de 5.000 millones de euros que se había ofrecido como gancho para que aceptaran los ayuntamientos.

En lugar de que llegaran tan sólo entre los ayuntamientos que cedieran sus remanentes de tesorería para gastos generales, la titular de la cartera ministerial ofreció que 3.000 millones se repartieran entre todos sin distinción y por criterios de población, lo que hacía que grandes consistorios sin ahorros o con ellos limitados se beneficiasen, mientras que los otros 2.000 se distribuirían entre los que cedían sus fondos y que recibirían un 35% entre 2020 y 2021 sin necesidad de devolverlos. Pero esta condicionalidad, que fue vista por los grupos como un chantaje, se complementaba con el apunte de que el resto de los ahorros se lo devolvería el Estado a los consistorios y diputaciones hasta dentro de entre 10 y 15 años.

En la provincia leonesa estos adelantos suponían 96.146.259,2 euros, de acuerdo a los datos de la Delegación de Gobierno. La mayoría se apuntaban en la cuenta de la Diputación Provincial, a la que llegarían 59.205.781,2 euros, el 35% de los 169.159.375,8 millones que se apuntan en su remanente y que no puede gastar por la regla de gasto y las restricciones de la ley impulsada hace años por el anterior Ejecutivo del PP. Junto a estos fondos se recogían 36.940.478 euros para los ayuntamientos, entre los que destacaban San Andrés con 2,3 millones, Cubillos del Sil con 2,2, Ponferrada con 1,9, Valdefresno con 1,4, Lucillo con 1,28, Villaturiel con 1,28 y León con 1,05.

Con el real decreto derogado por las cámaras, una situación que tan sólo se ha dado en cuatro ocasiones desde 1979, el Gobierno se enfrenta ahora a la necesidad de buscar un nuevo acuerdo. Todo en minoría y con la negociación de los presupuestos generales del Estado a las puertas: una inestabilidad que sufrirán los ayuntamientos y la Diputación de León.