El Banco de España ya advirtió del riesgo de los créditos de Llamas en 2006

El Banco de España ya había advertido a Caja España de los riesgos de la concentración de créditos de Santos Llamas en la entidad en dos informes emitidos en 2006 y 2008, aunque las recomendaciones del supervisor no impidieron que el consejo de administración de la caja siguiera autorizando operaciones de refinanciación, líneas de avales e incluso nuevos créditos al grupo empresarial del constructor. Así lo aseguraron ayer los peritos del Banco de España que declararon ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de León, para dar cuenta del informe enviado en 2013 a petición de la Fiscalía, en el que ratificaban la irregularidad de las operaciones de crédito de quien ocupó la presidencia de la caja leonesa entre julio de 2006 y octubre de 2009, y se mantuvo en el consejo de administración hasta octubre de 2012.

Según explicó ayer el abogado de Izquierda Unida Gorka Esparza, tras la declaración en los juzgados leoneses, el Banco de España emitió «varios informes en 2006 y 2008, en los que ya hacía indicaciones severas a Caja España y recomendaciones. Otra cosa es lo que hizo al no obtener respuesta». De hecho, según explicaron los peritos a la jueza Rocío González, el supervisor inició de oficio una nueva investigación a mediados de 2012, para establecer las posibles infracciones que se hubieran cometido.

Mes y medio después de iniciar este expediente el Banco de España recibió el requerimiento de la Fiscalía de León (en el mes de julio de 2012) para que emitiese un informe dentro de la denuncia solicitada por Izquierda Unida por un presunto delito de administración desleal contra el consejo de administración de la caja. Al prevalecer la vía penal sobre la administrativa, los peritos realizaron el informe que comunicaron en 2013, en el que se evidenciaba que Santos Llamas presidió la entidad y siguió después en el consejo a pesar de la situación de morosidad de sus empresas.

Según explicó Esparza, los informes del Banco de España ponían repetidamente de manifiesto que el grupo de empresas de Llamas tenía una concentración de deuda con la caja que presidía «muy superior a las normas de la entidad, a la permitida por el Banco de España y a la que cualquier otra entidad habría tolerado».

Y el emitido a petición del fiscal evidenciaba que «Llamas tenía que haber cesado en 2009, porque tenía deudas tanto como persona física como jurídica con la caja que presidía, algo incompatible con la Ley de Cajas de Castilla y León».

A pesar de ello el constructor siguió en el consejo de la entidad, que le aprobó «operaciones de refinanciación y aplazamiento de pago, con el fin de que no incurriera en mora, lo que hubiera incrementado los intereses que debía pagar; y sospecho que también con el objetivo de la directiva de ocultar al Banco de España la contabilidad real de la entidad, para evitar la intervención».

Una serie de actuaciones que provocaron a la entidad financiera «un perjuicio flagrante, con más de 60 millones de euros en impagos, por unos activos que luego Sareb compró como tóxicos por 24 millones».

Según el abogado de la formación política, «los peritos del Banco de España han confirmado que no hay ni una sola justificación de qué ganaba Caja España con las facilidades que se daban a su presidente, más en un momento en el que el sector del ladrillo ya estaba en situación crítica».

Esparza considera que la jueza coincidirá en que «todo esto merece ser investigado, no está prescrito. Y los peritos coinciden en que estamos hablando de decenas de millones de euros».