Los bancos se niegan a prestar a Gersul los 10 M€ para saldar su deuda con la UTE

Nuevo escollo en el largo y tortuoso camino de Gersul para afrontar la histórica deuda —de 23 millones de euros— que arrastra con la UTE Legio VII, la empresa encargada de la gestión del sistema provincial de tratamiento de residuos a través del CTR y sus plantas satélite desde su puesta en marcha hace casi veinte años. Los bancos no quieren prestar al consorcio los diez millones que precisa, tras conseguir a finales del pasado año los trece restantes vía préstamos bancarios, para zanjar esta deuda. Y se ha visto obligado a declarar desierta la convocatoria pública para conseguir esta financiación, organizada en las bases en cuatro lotes, de 2,5 millones cada uno. La falta de garantías o, lo que es lo mismo, la no presentaciones de avales, ha frustrado la operación, tal y como reconoce el propio presidente de Gersul, Santiago Dorado.

«Ahora debemos de buscar una fórmula para lograr estas garantías que nos exigen los bancos», explica el también diputado provincial de Hacienda. El peso de esta responsabilidad recaerá entre los ayuntamientos que forman parte del consorcio, los 211 de la provincia. La Diputación avalará la operación en nombre de los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que los tres grandes —la capital, Ponferrada y San Andrés— deberán hacer lo propio cada uno en el ámbito de su institución. La fórmula dividirá en porcentajes la cantidad por la que habrá de responder cada uno. «Así los bancos ya contarán con garantías y si el consorcio no pudiera devolver estos préstamos, tendrán que hacerlo los que avalan», remarca Dorado.

«Resolver el asunto de la deuda con la empresa es lo más importante que debemos abordar ahora mismo en el consorcio», enfatiza el presidente, consciente de que este asunto lastra el resto de la gestión del sistema provincial de tratamiento de residuos.

El auto judicial que obliga a Gersul al pago de estos 23 millones de euros se remonta al 31 de julio de 2018, cuando el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de León avaló el acuerdo entre las partes, en el que el consorcio se comprometía al desembolso de esta cantidad y fijó el 1 de noviembre de ese año como tope para el abono. A partir de ese momento exigió la ejecución del acuerdo, es decir, el consorcio tenía la obligación ya de abonar la cantidad adeudada a la empresa. Desde entonces, el juez ha pedido ya tres veces la ejecución.

La junta de gobierno de Gersul convocó hace unos días una sesión urgente y extraordinaria para aprobar la resolución que declara desierta la convocatoria para conseguir el préstamo a largo plazo de los diez millones.