lunes 26.08.2019

El bloqueo político del nuevo Gobierno pone en jaque la subida salarial de 221.000 leoneses

Un grupo de mayores leoneses, a los que la subida del IPC repercutirá directamente en la mejora de sus pensiones. RAMIRO.
Un grupo de mayores leoneses, a los que la subida del IPC repercutirá directamente en la mejora de sus pensiones. RAMIRO.

El bloqueo político que afecta al Gobierno central tiene en vilo a más de 221.000 leoneses que están pendientes de que se lleve a cabo la aplicación de la subida de los sueldos, las prestaciones y el salario mínimo interprofesional, lo que repercutirá directamente en sus bolsillos, ya que a partir del 1 de enero estaba previsto un incremento en las tablas salariales acorde a la subida del IPC y el encarecimiento de la vida. La falta de presupuestos generales ante la ausencia de un Gobierno estable y la imposibilidad del actual equipo en funciones de realizar gestiones más allá del despacho ordinario, «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique», mantiene en jaque a todos aquellos cuyo sueldo depende o está marcado directamente por las directrices que dicta el Gobierno de Madrid.


En la provincia hay 161.488 asalariados según los últimos datos que maneja la seguridad social y frente a ellos, las 221.580 nóminas que cobran los funcionarios, los pensionistas, los parados y aquellos que perciben unos ingresos por debajo o en la media del Salario Mínimo Interprofesional —la cuantía retributiva mínima a la jornada legal de trabajo—, a los que la incapacidad de llegar a un acuerdo a nivel estatal para alcanzar un equipo de gobierno estable y la amenaza de nuevas elecciones para noviembre, afecta directamente a sus ingresos ya que frente a la congelación de sus salarios y nóminas el IPC subió hasta el 0,5%, marcada principalmente por el coste de los carburantes y los alimentos, según los datos lanzados ayer mismo por el Instituto Nacional de Estadística.

 

Los leoneses pendientes de la mejora de sus nóminas por la actualización del IPC son 30.000 funcionarios que desempeñan su trabajo en la provincia —incluidos los de las tres administraciones, la Universidad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque la subida en cada uno de los cuerpos sería diferente—, a los que se suman los 27.714 parados y los que cobran el SMI, a los que se debe añadir los 22.500 que tienen un ingresos por debajo de este baremo. El grueso de este bloque lo forman los 142.010 pensionistas, que exigen que se pase de la actualización anual del 0,25% marcado para la revalorización de sus pensiones y la equiparación de éstas al aumento del coste de la vida.

 

«En el último encuentro que hemos mantenido con el Gobierno nos avanzaron que iban a establecer los mecanismos necesario para poder aplicar una subida del 1,6%, pero somos conscientes de que hay dificultades», avanza el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Anatolio Díez, quien vuelve a avanzar que si no se lleva a cabo la actualización de las pensiones, habrá de nuevo movilizaciones. Además, incide de nuevo en la necesidad de convocar el Pacto de Toledo para trabajar en la sostenibilidad del sistema actual, «no sólo por los pensionistas actuales, si no por los que se jubilarán en un futuro». En el caso de los pensionistas, equipara sus ingresos a la actualización del IPC supondría en León un incremento de diez euros al mes, frente a los dos actuales.

 

CC OO avanzó ayer que el salario mínimo empezará 202 congelado por un Gobierno en funciones, tras la subida del 22%, la mayor desde 1977, y que afectó a 1,3 millones de trabajadores españoles de forma directa.

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