El BOE ordena pagar la justicia gratuita a los abogados aunque luego se niegue el servicio
El Boletín Oficial del Estado publicó la concesión de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española para financiar los honorarios de los profesionales del turno de oficio que actúen previa designación judicial proporcionando asistencia jurídica a personas físicas a las que finalmente no se les concede el beneficio de la justicia gratuita.
Esta subvención, prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, consiste en una partida de 1,8 millones de euros que comprendería los impagos a los abogados y abogadas del turno de oficio que se produzcan en el ejercicio de 2021, así como las liquidaciones pendientes desde el último trimestre de 2019, en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
De esta forma, los profesionales designados por jueces y tribunales que hayan prestado un servicio de defensa a alguien a quien posteriormente no se haya concedido la justicia gratuita por insuficiencia de documentación, recuperarán los derechos y honorarios dejados de percibir.
Estos impagos eran uno de los grandes problemas que arrastraba el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y cuya solución reclamó el Consejo General de la Abogacía Española al Ministerio de Justicia.
Criterio contrario
Hasta ahora, los letrados perdían sus honorarios si al cliente se le negaba el derecho al turno de oficio
El Consejo presentó en las últimas horas una guía práctica para la asistencia jurídica en llegadas marítimas. Este documento, editado por la Fundación Abogacía y el Consejo General de la Abogacía, tiene como propósito facilitar la labor de abogados de extranjería.
Entre otros temas, el documento aborda, de manera práctica y directa, lo que los abogados que realizan asistencias ante llegadas necesitan saber sobre devoluciones, el acceso a la protección internacional, los posibles casos de trata, los procedimientos de determinación de edad, el internamiento y los recursos frente a los autos que los ordenen, las buenas prácticas para asegurar una calidad en la asistencia jurídica o el procedimiento especial de derechos fundamentales. Además, incorpora claves sobre asuntos concretos como el acceso al expediente administrativo, contacto con personas extranjeras internadas en CIEs, detención de unidades familiares con menores de edad, el enfoque humanitario en las llegadas marítimas o las desapariciones y muertes de personas migrantes.
La obligación legal de la Abogacía de asistencia a los migrantes “es peculiar” en las llegadas marítimas, en las que se producen los intentos de acceso a territorio más desesperados y por las personas más vulnerables, recordó Ortega. Por ello, reclamó una mayor coordinación y dotación de medios de todas las instituciones involucradas en los procedimientos de gestión de la inmigración y de las personas refugiadas para mejorar la coordinación, el conocimiento y la eficacia de su trabajo.