lunes. 30.01.2023
CC.OO. exige inspectores y fiscales especializados en el sector que actúen en situación de riesgo

Cuatro de cada diez muertes en construcción ocurren en la provincia A partir del mes de abril la subcontratación tendrá límite

Durante el 2006 nueve trabajadores fallecieron en la provincia por siniestros laborales
Luis González, Benito del Val y Evelio Domínguez, durante la rueda de prensa de ayer
Todos los accidentes laborales son evitables, y si se producen es porque no se cumple la legislación correspondiente. Un incumplimiento que desde CC.OO. se considera especialmente sangrante puesto que diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que los agentes sociales coinciden en considerar como buena, los siniestros en el trabajo continúan provocando centenares de muertos cada año. Así lo destacó ayer en León Benito del Val, secretario general de la Federación de Construcción y Madera (Fecoma) de Castilla y León, que denunció que un año más la provincia de León encabeza el ránking regional en fallecimientos por este motivo en la comunidad. Del Val, que compareció acompañado del responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de la federación regional, Luis González Alonso; y del secretario de Salud Laboral del sindicato en León, Evelio Domínguez, recordó que durante el 2006 se produjeron en la comunidad 22 accidentes mortales en la construcción, de los que nueve ocurrieron en la provincia. También recordó el responsable regional que los datos no coinciden con los de Trabajo, porque «las cifras oficiales no contabilizan ni los fallecimientos ocurridos 24 horas después del accidente ni aquellos contratados por empresas con sede social en otras provincias». Desde el sindicato se critica que la evidente mejora de los medios técnicos con que se cuenta actualmente en el sector de la construcción no hayan repercutido en un número menor de accidentes laborales, por lo que instó al porcentaje de empresas que no cumplen la legislación vigente a que pongan los medios para evitar los siniestros. También hizo un llamamiento a las organizaciones patronales para que «critiquen de manera contundente a quienes no cumplen la ley». Benito del Val recordó que el sector es especialmente proclive a la siniestralidad por la «altísima rotación de contratos temporales, que se ha visto incrementada con la inmigración». Una situación que hace que «ninguna empresa sienta a los trabajadores como suyos, y no lleven a cabo acciones formativas». Las cadenas de subcontrataciones también se consideran causantes de buena parte de los accidentes. Especialistas Ante esta situación Luis González reclamó a la recién creada fiscalía especializada en siniestros laborales que «actúe cuando encuentre indicios de riesgo, y no espere a que se produzcan los accidentes». También hizo un llamamiento en este sentido a la Inspección de Trabajo, para que forme a «una plantilla especializada en el sector de la construcción, una vez comprobado que es uno de los que sufre un mayor riesgo de accidentes laborales». Más allá, el responsable de Salud Laboral reclamó que se cree un protocolo de actuación entre la fiscalía de accidentes laborales y los inspectores de trabajo para que coordinen sus informaciones y actúen con mayor eficacia y rapidez ante el incumplimiento de la normativa en materia de salud y seguridad laboral o ante un siniestro durante el trabajo. También instó a las dos instituciones a que vigilen los factores que se consideran desencadenantes de una mayor siniestralidad laboral en el sector. El 18 de abril es la fecha en la que entrará en vigor la Ley Reguladora de la Subcontratación, que «debe suponer un salto cualitativo en el sector», según reclamó ayer Benito del Val. Esta norma se produce después de que hace ocho años el sindicato presentase una iniciativa legislativa popular, con la presentación de más de 600.000 firmas, en la que reclamaba que se limitase la cadena de subcontrataciones que «es una de las principales causas de la inestabilidad y la siniestralidad en el sector». Desde CC.OO. reclaman a los empresarios y la administración que vigilen el cumplimiento de esta norma, que deberá repercutir en un descenso de los accidentes. «Se han dado casos en los que ante un accidente es difícil determinar a qué empresa pertenece realmente el trabajador afectado».

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