Uno de cada cinco edificios tiene que hacer obras para poder pasar la inspección

Cimentaciones en las que se detectan defectos, vigas desplazadas por la pérdida de consistencia, forjados en los que la humedad campa a sus anchas hasta comprometer la estructura, cornisas llenas de desconchones que amenazan con caer a la calle, redes generales de fontanería, saneamiento, gas o electricidad con fallos, fachadas llenas de grietas... Hay más apuntes en el listado de deficiencias el padrón de la Inspección Técnica de Construcciones (ITC) o Edificaciones (ITE). Una nómina que acumula 104 informes desfavorables registrados: una de cada cinco edificaciones de más de 40 años que tuvieron que cumplir en el último año con la obligación.

La lista de deficiencias detectadas en los 104 edificios se acompaña de una factura. Allí se detallan los trabajos que cada propietario o comunidad de propietarios tendrán que hacer para resolver los problemas que amenazan la seguridad y la salubridad de su inmueble. Defectos que a lo largo del pasado ejercicio han representado la petición de 49 licencias de obras que sellan un presupuesto añadido de 202.000 euros contratados con empresas, según los datos ofrecidos por los profesionales de la Concejalía de Urbanismo.

Apenas un parche para la situación que vive el sector, como señalan los contratistas, que en 2009 cuando se anunció la ITC esperaban que las cifras estuvieran por encima de los 1,2 millones de euros arrastrados en facturas durante todos estos años. Una menor repercusión que se justifica por la crisis económica que hace que hace que, como ha sucedido en más de un centenar de casas viejas con graves problemas, se opte por el derribo ante la falta de recursos para cumplir con el arreglo obligatorio.

Los resultados se apuntan sobre un padrón que marcaba para el pasado ejercicio el turno de inspección de los edificios construidos en 1973 y entre el 1 de enero de 1951 y el 31 de diciembre de 1955, así como un pequeño cupo de los inmuebles de más de cien años que se reparten cada anualidad. En total, 581 casas del municipio, de las que 404 recibieron el informe favorable y otras 104 desfavorable. Una suma que deja pendiente de revisión otras 89 edificaciones —16 de las cuales han presentado alegaciones para intentar justificar que cumplen— a pesar de que el plazo se cerró el 1 de febrero y ya han sido requeridos por parte del consistorio para que cumplan con su deber.

Ahora, los titulares de estas edificaciones volverán a ser notificados para que entreguen en las dependencias municipales el certificado de la ITC. Fuera ya de plazo, se enfrentan a la posibilidad de que el Ayuntamiento active el procedimiento de ejecución subsidiaria, que pasa por contratar a un técnico que realice la inspección y, en caso de que sea desfavorable, a una empresa que subsane las deficiencias, para después girar la factura a los propietarios. A mayores, podría aplicárseles una multa de hasta 3.000 euros, aunque desde que en 2009 se puso en marcha la ordenanza no se ha llegado a sancionar a nadie, como admiten desde Urbanismo, cuyos profesionales fueron pioneros en poner en marcha una ordenanza que se ha convertido en ejemplo para otras capitales.