domingo 5/12/21
Imagen de una de las aulas de la prisión de Mansilla.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha emitido un informe en el que calcula que cada interno de la Prisión Provincial de Mansilla de Las Mulas tiene un coste para el Estado de entre 23.00 y 25.000 euros anuales, de acuerdo a los estudios realizados con los datos de los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuyo secretario general, Ángel Yuste, visitó León la semana pasada.

«Evidentemente la cifra varía dependiendo de la comunidad autónoma y del tipo de centro y de distintos factores como son: manutención, conservación del centro, número de internos, número de profesionales, y otros factores, pero en el caso de León, nos ajustamos a la media», manifestó a este periódico Fernando Martínez, delegado provincial de la asociación.

«Si bien, ha disminuido la población reclusa desde el año 2009 hasta febrero del 2012 en casi en 14.000 internos menos dependientes de la SGIIP, no debemos de olvidar que la mayoría de internos que delinque en España son conscientes que las condiciones de vida, de salud, de cumplimiento de penas son las mejores que las existentes en otros países, todo ello a pesar del endurecimiento de las penas como consecuencia del cumplimiento integro que ha supuesto un aumento del tiempo en prisión», explica el informe.

Nuevos delitos

«Unido a la introducción de nuevos delitos, que anteriormente no estaban tipificados como delitos, sino que correspondían a faltas administrativas, como son las infracciones en la seguridad vial. Evidentemente todo ello junto, eleva el gasto, sobre todo en estos momentos de una crisis tan profunda que padecemos». Por otro lado, a nivel nacional, las penas alternativas van elevándose exponencialmente; en el año 2000 había unas 620 sentencias, en el año 2009 ya suponían 161.008 sentencias, mientras que en el 2011 han llegado a casi 200.000 y continuarán en progresivo aumento, no habiendo logrado el objetivo para el que fueron concebidas. Por todo ello, los funcionarios de prisiones proponen, a través de su sindicato varias medidas:

Modificar el tercer grado. Se deberia modificar o revisar la situacion de los internos en tercer grado que les queden 24 O 48 meses para el cumplimiento definitivo se les aplique un regimen diferente de cumplimiento que reduzca los gastos de la Administracion.

Revisión de plazas. Se deberia de revisar la situacion de la capacidad y numero de internos a soportar por los distintos centros penitenciarios

Distribuir plantillas. Se deberian redistribuir y ajustar las plantillas ante la falta de funcionarios y a las cargas de trabajo

Medidas de ahorro. Se deberian de hacer politicas de ahorro en los centros donde el funcionario y el resto de trabajadores sean participes y conlleven una reduccion de costes para la administracion y beneficios laborales para el conjunto de funcionarios.

Cada preso de la cárcel de Mansilla le cuesta al Estado más de 23.000 euros
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