Campaña para evitar la prisión a una leonesa condenada por la ‘ley mordaza’

El futuro inmediato de la leonesa Jara Casanova pende de un hilo. Una sentencia de tres años y medio de prisión pende sobre su cabeza y sobre las otras cinco personas —cuatro mujeres y un hombre— condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por obstrucción a la justicia y coacciones en el transcurso de las acciones sindicales que llevaron a cabo en 2017 en el conflicto de la pastelería La Suiza de Gijón. Son delitos contemplados en la conocida como ley mordaza. El sindicato CNT de León se ha sumado a la campaña que se lleva a cabo para pedir su «absolución inmediata». «Solo hemos hecho uso de las herramientas legítimas de un sindicato», apunta Jara Casanova, al tiempo que advierte que «esta condena sienta un precedente peligroso para el ejercicio de la actividad sindical».

Después de una manifestación en Madrid, el día 19 hay convocadas concentraciones en varias provincias, entre ellas León. Será frente a la sede de la Audiencia Provincial de León a las 12.30 horas y en forma de teatro social y un mitin que dará la leonesa. «Pedimos la absolución ya no solo por nosotras, sino por todas las personas que pueden venir detrás y enfrentarse a casos parecidos», subraya.

Los pormenores del conflicto «La Suiza» de Gijón se explicará en una charla organizada el viernes en el local de la CNT de León a las 19.30 horas con posterior debate. El caso se remonta a 2017 cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza «acudió a la CNT para contarnos su situación en la empresa en la que trabajaba» con «jornadas muy, muy largas, sin apenas descanso semanal, salario inferior al del convenio y muchísimas horas extras sin remunerar y vacaciones sin disfrutar, además de un ambiente laboral insostenible», explica la sindicalista.

La trabajadora tenía que reincorporarse tras una baja materal y «con todo lo sufrido se había convertido en una pesadilla». El sindicato decide «sacar el conflicto a la calle tras varios intentos infructuosos de comunicación con la empresa» y organizaron concentraciones ante la empresa, seguidas de denuncias de ésta en los juzgados.

Inicialmente no fueron admitidas, pero un juzgado admitió una de las denuncias y llegaron a juicio. En 2021 fueron condenadas siete personas a tres años y medio de prisión y una a ocho meses, además de una indemnización de 150.428 euros, declarando al sindicato CNT como responsable civil subsidiario. El TSJ ratificó la pena de prisión para seis de las ocho sindicalistas y ahora están pendientes de un recurso en Tribunal Supremo.