La candidatura de García reclama que se depuren 400 afiliaciones «irregulares»

No se ha abierto todavía la campaña, pero el censo del congreso provincial del PP avanza ya la pugna abierta que marcará todo el proceso. Con las normas apenas marcadas por la comisión organizadora, la candidatura del alcalde de Villaquilambre, Manuel García, alertó ayer de «la existencia de 400 afiliaciones irregulares vía online ». No pueden contabilizarse, como defienden los firmantes del escrito, porque de acuerdo al «artículo 5.3 de los Estatutos Nacionales establece que cualquiera que haya sido la modalidad de la presentación de la solicitud de afiliación, incluidas las tramitaciones online, ‘posteriormente, dichas solicitudes deberán presentarse ante el primer Comité Ejecutivo Provincial». Sin la aprobación de este órgano, cuya última reunión en la que se aprobaron altas y bajas data del 12 de noviembre de 2020, no tienen efectividad, ni pueden participar en las votaciones, resuelven en el documento enviado a la dirección para que proceda a depurar estas incorporaciones antes de que se asiente el censo de participantes.

El escrito insiste en que la «facultad del comité ejecutivo provincial» para la aprobación de las nuevas afiliaciones «no puede ser sustraída con la excusa de una tramitación telemática, especialmente porque el partido se ha dotado de fórmulas de tramitación telemática de los comités ejecutivos». La argumentación avala la solicitud «al comité organizador y, subsidiariamente, al comité de derechos y garantías», para que «el censo que vaya a integrarse para las votaciones esté compuesto únicamente por personas en las que concurren simultáneamente los requisitos formales de aprobación de su afiliación, incluidas la aprobación por parte del comité ejecutivo de León y la verificación de estar al corriente de pago de todas las cuotas desde el anterior congreso provincial».

La candidatura de García abunda en que el comité organizador debe, «expresamente», realizar una labor de «comprobación de la aprobación de las fichas de afiliación por parte del comité ejecutivo provincial, así como de la fiscalización de los ingresos por cuotas de manera que cuadre el total de estos ingresos con el total de personas con derecho a voto en función de la cuota anual establecida para la provincia de León».

La reclamación no se queda en el foro orgánico, si los órganos responsables del partido no realizan la depuración. El documento avisa de que se cumplan «a fin de evitar acudir al juzgado en defensa de los derechos fundamentales de los afiliados», entre los cuales se solicitará la «suspensión cautelar del proceso congresual hasta la depuración del censo de votantes». «El respeto al principio de igualdad exigido no sólo por nuestros Estatutos, sino también por la legislación estatal de partidos políticos, demanda el escrupuloso cumplimiento de esas previsiones estatutarias sin que pueda haber relajación de las exigencias ni atajos para algunos afiliados», se reseña.