El caso de los Miner andaluces juzga amaños con un taller ferroviario leonés

La Fiscalía pide 38 años de cárcel para la ex alcaldesa de la localidad cordobesa de Peñarroya por delitos de malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y tráfico de influencias en la tramitación y gestión de subvenciones de los fondos Miner.

El entramado, bautizado como caso Rocket, que irá a juicio junto a la ex mandataria socialista se completan con cuatro empresarios, relacionados con la promoción de trenes turísticos, así como con actividades dependientes de esta tarea, la rehabilitación o otros asuntos vinculados. Se trata de C.G. al que se detalla en el sumario como cómplice del delito de prevaricación y presunto cabecilla de la trama, especialista en ferrocarriles antiguos, además de L.B. J.F.P. y R. O. tres de sus socios en sociedades vinculadas al «señor de los ferrocarriles», tal como recoge la instrucción del caso que lleva más de ocho años en fase procesal, según da cuenta en una reciente edición el rotativo ABC.

Se trata de ventilar la gestión irregular de más de 4 millones y medio de euros en un montante total de una subvención de 12 millones para esta localidad del norte de la provincia de Córdoba, y vinculada a los fondos Miner.

En la referencia de las investigaciones aparece una empresa leonesa, un taller con dedicación a la actividad ferroviaria, que resulta señalada en el origen de los primeros pasos en falso que pudo haber dado la ex alcaldesa acusada; que se detalla en el año 2009, cuando presuntamente se procedió a adjudicar a dedo a la empresa de los encausado C. G y R. O. un tren turístico para la zona. Este proyecto recibió una subvención de cerca de millón y medio de euros, cuando no existía por medio más que un negociado sin publicidad de más de 220.000 euros. Uno de los jueces que se han hecho cargo de este caso ya registraba en su auto de procesamiento la irregularidad que con había precedido al trámite legal y que supuso decidir que la empresa leonesa del área metalúrgica y de talleres mecánicos ferroviarios fuera la contratada, por crear el encausado C. G. y la ex alcaldesa un procedimiento ficticio de concurso.

El mismo C. G. podría estar involucrado presuntamente en las adjudicaciones directas para el arreglo de dos locomotoras, con el visto bueno de la alcaldesa, según recoge la instrucción judicial del caso.

A lo largo de ese relato, el auto judicial describe cómo la alcaldesa adjudicaba proyectos a dedo o se buscaban fórmulas alternativas con el fin de justificar facturas de diferentes cuantías o de trabajos que jamás llegaron a llevarse a cabo,m con una secuencia en cadena de documentos o memorias que dilataban el coste real.

La jueza consideró que existían indicios racionales de criminalidad para avanzar en la causa por el procedimiento abreviado, con referencia a datos objetivos y algunas diligencias practicadas, al apreciar contradicción en algunas declaraciones tomadas o entre los testigos que se sumaron a las declaraciones prestadas ante la instrucción del caso.

Se señala en la estructura de este caso de corrupción la existencia de empresas interpuestas que aportaban una parte de lo que facturaban al ayuntamiento de la localidad del norte de Córdoba en forma de comisión a otra sociedad a cambio del favor facilitado en la adjudicación; podían justificarse con la forma de labores de asesoramiento.

Se trata de sustanciar con la apertura de juicio oral por el caso Rocket cuál fue el uso real de los cuatro millones y medio de euros entre un montante de doce millones; la cuantía investigada se destinó a diferentes proyectos, muchos relacionados con la promoción de proyectos ferroviarios turísticos o rehabilitación de máquinas, especialidad de las empresas de los empresarios encausados, un vagón restaurante, el museo del ferrocarril, además de intervenciones en torno a los polígonos industriales de ese enclave municipal cordobés.

El caso Rocket ha avanzado en instrucción e investigación judicial entre nueve jueces, desde que se inició el largo camino procesal hace nueve años. La implicación de la fiscalía también ha resultado clave para llevar el caso a las puertas de la sala de vistas, en lo que se va a convertir en uno de los procedimientos más notables contra estas acciones; la causa llegó a sumar a más de quince personas encausadas.

La petición de presión para la ex alcaldesa de la aquella localidad de Córdoba por la gestión de los Miner se une otra de sesenta años de inhabilitación; además, el Ayuntamiento tendría que hacer frente a responsabilidades civiles derivadas de actos de malversación, en caso de llegar a ser declara culpable.