viernes 27/5/22

Castilla y León junto con Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia pudieron ayer al Gobierno que modifique el contenido del bono joven para promocionar el alquiler de viviendas entre personas de 18 y 35 años, una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años.

Los consejeros de estas cuatro comunidades autónomas, entre ellos el de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, calificaron de «improvisada y enrevesado» el bono anunciado en octubre del pasado año y aprobado el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros.

Durante su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda lamentaron también que en la elaboración de este bono no se haya tenido en cuenta ni opinión de las comunidades autónomas ni tampoco del Consejo de la Juventud. Salió adelante «con relaciones mínimas e imposiciones máximas», según apuntó al término de la reunión celebrada en Madrid y convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para evitar lo que los representantes de estas cinco autonomías denominaron «maraña burocrática», pidieron al Gobierno la puesta en marcha de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras comunidades por parte de los solicitantes. Pese a ser cofinanciado, el plan impone que un 20% de la financiación se destine a programas específicos «que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, como puede ser el de la Sareb».

Castilla y León exige cambiar el bono joven al alquiler