miércoles 25/5/22
Concentración de trabajadores del centro de acodiga El Alba. F. Otero Perandones.
Concentración de trabajadores del centro de acogida El Alba. FERNANDO OTERO

El Comité de Empresa de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta en León ha llevado el cierre del centro de menores El Alba, ejecutado por la Gerencia el 1 de julio, hasta el Procurador del Común, la inspección de Trabajo, «por la vulneración de los derechos de los trabajadores», y el juzgado de lo social, que tendrá que dirimir el conflicto colectivo, según revelaron ayer los representantes de los trabajadores a través de un comunicado.

«Seguimos insistiendo en que la consejera Isabel Blanco Llamas faltó a la verdad en sus declaraciones del 1 julio cuando aseguró que solo se iba a cerrar una unidad, la de cero a tres años. Esto no es cierto, cierran dos unidades», reprocharon desde el comité de empresa, que tampoco entiende por qué la responsable del área en la Junta «habla de rehabilitación del edificio». Creen que detrás puede haber algún interés privado.

«Este comité no tiene ninguna documentación sobre el estado de conservación del edificio El Alba, informe solicitado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, siendo una de las causas del cierre. Se encuentra en perfecto estado de conservación y si no fuese así la Gerencia debería de adoptar las medidas de conservación necesarias», denunciaron.

Sin respuesta

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Además, recordaron que «el criterio de la Administración no es el mismo en otras provincias de la Comunidad, como Salamanca y su centro Hogar Cuna de Urgencias Los Charros con 2 unidades, al igual que El Alba».

Esta decisión, que fue tomada de forma unilateral por la Junta, a pesar de la presión que ejercieron instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación, supuso el despido inmediato de cuatro trabajadores y la reubicación de otros diez, que fueron trasladados a otros centros. «El Alba, según la consejería, no cumple con el nuevo modelo de atención para 9 menores de 4 a 18 años, y sin embargo si lo cumple el edificio Santa María con capacidad para 11 menores, cuando se busca viviendas más normalizadas y pequeñas», reprocharon.

Por último, mostraron su «preocupación» por el trato dado a los trabajadores, «rompiendo el principio de igualdad entre ellos. Unos el 1 de julio tienen la movilidad geográfica a otros centros de la Gerencia, mientras que otros trabajadores es el 1 de septiembre, cuando la causa es la misma para todos», señalaron desde el comité de empresa, que durante todo el mes de junio, antes del anunciado cierre, se concentraron frente a la Gerencia en repetidas ocasiones para forzar a la Junta a que diera marcha atrás y mantuviera abierto este servicio público. Todos esos intentos cayeron en saco roto.

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