La compra de votos será sancionable tras la reforma de la Ley de Cajas

Explícitamente. Así recoge la modifación propuesta de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León la posibilidad de sancionar irregularidades entre las que apunta «la solicitud directa o indirecta del voto de algún elector, o inducirle a la abstención, por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas». Una reforma que fue reclamada por el conjunto de las fuerzas políticas y sociales el pasado mes de junio, cuando la lista encabezada por Pedro Conde a las elecciones a impositores a la asamblea general de Caja España ofreció abiertamente un sobre con cien euros a quienes le votasen. Entonces la conducta no se consideró irregular, puesto que la ley no contemplaba una situación que se calificó de «impensable». Ayer el consejo de gobierno de la Junta aprobó el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Cajas de Castilla y León, por la «necesidad de tipificar de forma explícita el carácter sancionable de determinadas conductas que se pusieron de manifiesto el pasado año». La vicepresidenta primera y portavoz de la Junta, María Jesús Ruiz, destacó ayer que existían lagunas que requerían «un carácter más explícito», para evitar la alarma social que despertó la conducta de Conde; si bien en ningún momento mencionó al candidato ni a Caja España, la entidad afectada por la irregularidad. La Junta tramitrá el proyecto de ley por la vía de lectura única en las Cortes, ya que se trata únicamente de la modificación de un artículo, ya que es un texto muy consensuado. El objetivo es terminar el proceso antes de que la convocatoria de las elecciones paralice las tramitaciones parlamentarias. El proyecto de ley aprobado ayer modificar el apartado 1 del artículo 95 del texto, que pasa a tipificar como infracción grave la «vulneración de las normas reguladoras de los procesos electorales para la elección y designación de los órganos de gobierno, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave, o la comisión de irregularidades en los mismos». Concreta como conductas irregulares «las que no respeten los principios de legalidad, transparencia, publicidad, proporcionalidad o participación democrática»; y recoge expresamente tres conductas merecedoras de sanción. Además de la mencionada, «la presión con violencia o intimidación sobre los electores para que no usen su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto del voto»; y también impedir la entrada de electores o interventores en los lugares donde se realice el proceso electoral. Sancionados El proyecto de ley establece que la sanción no se ejecutará sólo cuando sea atribuible a los miembros de los órganos de gobierno de la caja, sino también a los compromisarios o candidatos que participen en los procesos de renovación de los órganos. La candidatura encabezada por Conde obtuvo 10 de los 51 compromisarios por impositores en la asamblea general; y a pesar de las denuncias el proceso electoral no fue anulado. En septiembre la primera reunión de la asamblea general renovada expulsó al propio Conde y a Ulpiano Hernández por perjudicar el prestigio e imagen de Caja España. Los dos expulsados fueron sustituidos por otros dos miembros de su lista, por lo que conservan el número de asamblearios.