Instituciones
El Consejo de Cuentas baraja multas ante la escasa rendición de las entidades
El Consejo de Cuentas de Castilla y León estudiará imponer multas coercitivas para aquellas entidades locales que no rinden cuentas de forma "reincidente". Así lo ha asegurado este lunes su máximo responsable, Mario Amilivia, tras la reunión mantenida con el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán.
Mario Amilivia y Eduardo Morán, hoy en la Diputación
En este sentido, Amilivia le he pedido su colaboración para que, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), los ayuntamientos y juntas vecinales que no han cumplido con esta obligación legal en el plazo establecido, fijado en el 31 de octubre, presenten sus cuentas de 2018 antes de que concluya el año.
Acompañado por el consejero de la institución Emilio Melero, Amilivia ha explicado que "mientras el 71,6% de los ayuntamientos, tres puntos menos, han rendido cuenta; en el caso de las entidades locales menores este porcentaje ha bajado al 47,3 por ciento frente al 62,8 de hace un año".
Unos datos que han llevado al Consejo de Cuentas ha plantearse la necesidad de tomar cartas en el asunto para conseguir "medidas al estímulo de la rendición en Castilla y León" como ya ocurre en territorios como Aragón, Baleares, Madrid o Galicia.
"Este órganos de control externo pueden retener el pago de transferencias y subvenciones", ha explicado sin olvidar que, pese a ello, "somos la quinta comunidad en rendición de cuentas".
De los 770 ayuntamientos que no han rendido en plazo la cuenta del pasado año, un total de 34 no han cumplido con la obligación legal en ninguno de los últimos seis ejercicios, es decir las cuentas correspondientes desde 2013 a 2018.
De ellos, dos pertenecen a la provincia de León: Campazas y Villaomate y Castro. "Las entidades locales rinden cuenta a sus ciudadanos", ha recordado Amilivia en este sentido sin dejar pasar por alto que, para imponer sanciones, es clave su aprobación en futuras leyes de acompañamiento, o bien una modificación de la Ley 4/2013 de reforma de la organización y el funcionamiento de las Instituciones Propias de Castilla y León.
El impulso del cumplimiento de la obligación legal de rendición de cuentas es uno de los objetivos principales del Plan Estratégico 2019-2022 del órgano de control externo autonómico para avanzar en materia de transparencia como principio básico de la gestión de las administraciones públicas.
Morán se ha comprometido a ayudar al Consejo de Cuentas en este cometido al asegurar que "en la medida de lo posible deben presentar esas cuentas en el plazo establecido".
No obstante, ha justificado a unas juntas vecinales que, en sus propias palabras, "no tienen secretarios e interventores que puedan hacer ese trabajo".
A este respecto, la Diputación reforzará el SAM con personal para "desatascar los expedientes acumulados" y "hacer los deberes".