El Consejo de Cuentas fiscalizará las cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha anunciado este jueves durante su comparecencia en las Cortes que el Plan Anual de Fiscalizaciones 2020 del Consejo de Cuentas incluye como novedad el análisis del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Comunidad correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019.

Amilivia ha detallado ante la Comisión de Economía y Hacienda su informe sobre 'La contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma', uno de los informes de mandato legal que contempla la Ley reguladora del Consejo de Cuentas.

En concreto, los informes presentados este jueves han sido los relativos los relativos a los años 2015, 2016 y 2017, los tres últimos ejercicios previos a la entrada en vigor en 2018 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, acorde con las directivas de la Unión Europea.

A partir de la información del Registro Público de Contratos de la Administración de Castilla y León y de los órganos de contratación, el Consejo de Cuentas considera que la Administración de la Comunidad adjudicó en 2017 un total de 2.561 contratos -excluida la contratación menor- por importe conjunto de 652 millones de euros.

Los tres dos ejercicios anteriores registraron una cifra inferior en cuanto al volumen económico de la contratación: en 2015 fueron 2.566 expedientes por importe de 519 millones y en 2016 un total de 2.362 contratos por importe de 621 millones.

En los tres ejercicios, como resultado de los trabajos efectuados, el Consejo opina que, en función de los expedientes examinados conforme al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple "razonablemente" con la legalidad aplicable con salvedades que afectan principalmente al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en el artículo 1 de la citada normativa.

En lo que respecta a la distribución de los expedientes comunicados por los órganos de contratación, el presidente del Consejo de Cuentas ha recordado que solo las competencias sanitarias absorben la mitad del importe total de la contratación de los tres ejercicios analizados.

La suma de sanidad, educación y servicios sociales, es decir la prestación de los servicios esenciales del estado de bienestar, representa las dos terceras partes sobre el importe total de la contratación en la administración autonómica.

De acuerdo a la distribución de los expedientes comunicados según tipos de contratos, se constata que en este periodo de tres años al que corresponden los informes presentados, los contratos de servicios representan un 42 por ciento, los de suministros un 36 por ciento y los contratos de obras únicamente un 15 por ciento.

Amilivia ha indicado que es necesario perfilar el control "con enfoques más específicos y un seguimiento de recomendaciones sistemático".

En esta primera comparecencia ante esta Comisión de Economía y Hacienda desde que se decretase el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha explicado las medidas adoptadas desde la Institución durante este periodo, tanto en lo que afecta a la ordinaria labor de fiscalización, como al régimen interno de funcionamiento.

Así, con fecha 16 de marzo, siguiendo las recomendaciones sanitarias, fue dictada una primera resolución en la que se estableció que todo el personal de fiscalización pasara a realizar sus funciones mediante el teletrabajo. Los trabajos de fiscalización se han mantenido en sus diferentes fases de tramitación.

De esta manera, durante este tiempo se han remitido a las Cortes de Castilla y León los informes 'Fiscalización de la contratación realizada en el sector público local, en colaboración con el Tribunal de Cuentas' y 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de León, ejercicio 2016'.

Respecto a otros informes en fase avanzada, se ha enviado a alegaciones el correspondiente a la Fiscalización de las Cuentas Anuales de la Universidad de Valladolid, ejercicio 2016, así como el informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial 2018.

Por otra parte, se han celebrado tres sesiones plenarias por videoconferencia en las que, entre otros asuntos, han sido aprobadas las directrices técnicas de cinco fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020.

Las previsiones que tiene el Consejo de Cuentas en relación con el teletrabajo es que sea la forma prioritaria de funcionamiento en la institución conforme con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, durante tres meses después del cese del estado de alarma.

En todo caso, y pese a la generalización del teletrabajo, se han establecido medidas preventivas para el personal, teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

COMPARECENCIAS

Con la comparecencia de hoy son nueve las realizadas durante el actual mandato del Consejo de Cuentas, y un total de 31 los informes presentados, los cuales representan el 16 por ciento de los 194 informes aprobados hasta la fecha en la historia de este órgano de control externo.

Tras la sesión de hoy quedan 10 informes ya aprobados y pendientes de comparecencia, todo ello sin perjuicio de que, habrá que ir incorporando en los próximos meses otros 20 actualmente en fase de elaboración correspondientes al Plan Anual de Fiscalizaciones de los ejercicios 2019 y 2020.