La lucha por las infraestructuras
Las Cortes exigen que el AVE León-Valladolid sea declarado servicio público y no se tenga en cuenta su rentabilidad
La propuesta de la UPL, que fue aprobada por consenso, insta a Fomento a implantar un bono Avant multiviaje para AVE y Alvia
El AVE, a su paso por Sahagún. ACACIO DÍAZ
La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León acordó hoy por unanimidad exigir al Ministerio de Fomento la declaración de obligación de servicio público, al margen del interés económico, del trayecto ferroviario León-Palencia-Valladolid y la implantación del bono Avant multiviaje para el mismo.
Así consta en la proposición no de ley firmada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la que se incorporó una enmienda del Grupo Popular, cuyo texto concitó el respaldo de todos los grupos. En concreto, se pide que el Consejo de Ministros declare el trazado de Alta Velocidad León-Palencia-Valladolid como Obligación de Servicio Público.
Por otro lado, se insta al Ministerio de Fomento a la implantación una adecuada política de bonificación de títulos de transporte que favorezca la utilización de los servicios ferroviarios de Media Distancia por usuarios habituales.
En concreto, se trata de la implantación del bono Avant multiviaje para los servicios ferroviarios AVE y Alvia en los trayectos León-Palencia-Valladolid prestados sobre la red de altas prestaciones, bien mediante servicios específicos Avant o bien mediante la sinergia con los servicios actualmente prestados por los trenes AVE y Alvia, según informa el Grupo Popular.
Una obligaciones de servicio público permite a un Estado imponer servicios que sirvan "a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región”.
La obligación solo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial.
Las obligaciones de servicio público responden, pues, a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que, por su rapidez, el transporte aéreo es un modo de transporte fundamental.
