El coste por kilómetro acentúa la presión en los peajes de la provincia

La carestía por kilómetro de peaje es una forma de mediar la presión sobre el territorio. León lidera este parámetro de la España de dos velocidades, que no se ha corregido luego de varios lustros de reivindicaciones contra las autopistas que aplican la fórmula del pago para circular. La última medida del Gobierno de poner 55 millones de euros en los próximo presupuestos del Estado para liberar y bonificar el paso de la AP-9, de norte a sur por la fachada atlántica gallega, reabre la sensación de agravio. Este vez, en pleno noroeste, acostumbrado a compartir el olvido gubernamental con respecto a la atención que reciben otras áreas de España.

León cuenta con más de 90 kilómetros de vías de autopistas de peaje entre la red de las de alta capacidad de la provincia, lo que supone casi un tercio de todo este catálogo. Y con un liderazgo indiscutible entre las más caras para los usuarios; el peaje de la León-Asturias establece un coste de 0,17 céntimos por kilómetros; la León-Astorga, 0,14 céntimos por kilómetro.

No hay variaciones a corto y medio plazo en el trato que el Gobierno plantea para las dos autopistas de peaje de León, ansiosas de novedades positivas en su objetivo de rebajar la presión fiscal sobre los usuarios, que deriva de la intervención anunciada para la AP-9, hasta ahora estructura pareja a las leonesas en desaires y olvidos ministeriales.

Las analogías de las autopistas del extremo noroeste de España eran las tres subidas consecutivas de tarifa en los últimos años, además de compartir durante tiempo las primeras posiciones en el ránking de las más caras de España y de Europa por precio de kilómetro de peaje.

También las prórrogas en las concesiones de explotación, que cambiaron el panorama del limite de este tipo de gestión; tanto la AP-9 como la asturleonesa vieron cómo el Gobierno extendía hasta mitad de este siglo la fecha de vigencia del peaje, que debería expirar a comienzos de esta década. Este proceso ha condicionado de forma notable cualquier perspectiva de liberalización; que parecía imposible hasta que el Gobierno traslada a los presupuestos que prepara para 2021 una de las reivindicaciones que se llevaron a la mesa de negociación con el BNG para lograr el respaldo de los nacionalistas gallegos a la investidura de Pedro Sánchez. Ese desembolso de 55 millones de euros repercutirá de forma inevitable en las tarifas de la autopista, con tramos totalmente liberados; otro rival menos para la lista de carestía por kilómetro de la AP-66 y la AP-71.