La crisis «machaca» la antigüedad laboral y la indemnización por despido improcedente se dispara desde 2007

Las indemnizaciones medias por despido falladas por los tribunales de lo social se han multiplicado por tres desde que arrancó la crisis en 2007, y han pasado de los 3.319,7 euros ese año a los 9.476,1 euros en 2012. Fuentes del departamento técnico de la Secretaria de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, que dirige Faustino Temprano, explicaron a Ical, que este hecho refleja que las primeras embestidas de la crisis provocaron la salida masiva de temporales, que «han ido desapareciendo de la mayor parte de las empresas», porque sus despidos eran más baratos.

«Han ido quitándose a los trabajadores con menor coste de indemnización. Me deshago del que menos coste me supone en un principio. El problema es que según avanza la crisis en el tiempo cada vez les sobran más trabajadores y entonces empiezan los problemas», destacaron para dibujar un escenario en los últimos tres años, en los que «se están cargando» a la gente de mayor antigüedad, con el tramo «a partir de 40 años, muy castigado», y en sectores como el industrial, con más estabilidad hasta ahora, sobre cuyos trabajadores »en el último año se han cebado».

Los datos que maneja el Ministerio de Trabajo reflejan que la indemnización media por despido improcedente se situó en 2007 en Castilla y León los 3.319,7 euros, en 2008, subió ligeramente, hasta los 3.372,4; y en 2009, cuando la recesión entró con más fuerza en la economía de la Comunidad, en los 4.091,8 euros. La limpia de temporales estaba hecha, y los tres años siguientes, las bases de cotización y la antigüedad de los trabajadores, elevaron sustancialmente las indemnizaciones judiciales, con 10.151,1 euros en 2010, 8.801,1 en 2011, y 9.476,1 en 2012.

En números absolutos, los asuntos concluidos con despido y las indemnizaciones se han disparado en el último quinquenio recesivo. Así, si en 2007 se contabilizaron 2.907 asuntos resueltos en despido por los tribunales de lo social, el año pasado se alcanzaron los 5.853, es decir, más del doble. Asimismo, las cantidades reconocidas a los trabajadores, pasaron de los 9,65 millones, a los 55,46, casi seis veces más.

Faustino Temprano recordó que «han aumentado las bases de cotización, los despidos que se tramitan vía judicial, se declaran improcedentes, y se resuelven con 33 o 45 días, y con un tope de mensualidades que aumenta». En concreto, las decisiones favorables al trabajador por despido improcedente se pagan con 45 días hasta el 12 febrero 2012 (entrada en vigor de la reforma laboral), y con 33 a partir de esa fecha, con un tope de dos años, salvo que el cálculo antes de esa fecha lo supere, con lo que se aplica la legislación anterior, con hasta 42 mensualidades.

«Es el ciclo que están viviendo ahora las empresas; les está costando caro ahora echar a los trabajadores de forma improcedente; y se están dando cuenta de que no es oro todo lo que reluce», aclararon. En este sentido, sustanciaron que esta es otra de las causas por las que están subiendo los expedientes de regulación de empleo suspensivos o de reducción de jornada, porque si la empresa carece de liquidez, tampoco puede pagar las indemnizaciones a los trabajadores a los que quiere echar.

Las mismas fuentes denunciaron que las empresas acuden a los expedientes de regulación de empleo cuando ya están al límite, cuando no debería constituir «una decisión final». «Las empresas aguantan hasta que no pueden y luego vienen los problemas. Se deberían anticipar las soluciones de viabilidad por ERE, con las espaldas cubiertas, no cuando ya no tienen solución, y acaban en concurso de acreedores, con el cierre, y los trabajadores acudiendo al Fogasa».

Y es que los trabajadores afectados por medidas de extinción descendieron en 2012 un 13,4 por ciento respecto a 2011, hasta los 3.581 trabajadores despedidos. Por el contrario, se dispararon los afectados por medidas de suspensión, que pasaron de 17.305 en 2011 a 36.765 en 2012; y los de reducción de jornada, con 1.833 frente a 6.104, respectivamente. Esto supone que los afectados por EREs de suspensión se dispararon porcentualmente en Castilla y León el año pasado respecto a 2011, un 112,4 por ciento; y los que sufrieron ajustes de jornada, un 233 por ciento.

Una reforma que abarata el despido

A pesar de los datos, desde las centrales sindicales indicaron que la mayor parte de los despidos se tramitan de forma individual, ya que el tejido productivo está integrado esencialmente por pymes, y por expedientes de regulación, de forma pactada, porque existen graves problemas de liquidez, y los trabajadores prefieren recibir una cantidad en el momento, sin acudir a juicio, porque tampoco saben si lo van a ganar, y la empresa intenta acabar con el asunto de forma instantánea. En este sentido, tanto el secretario de Acción Sindical de UGT, como el de CCOO en la Comunidad Vicente Andrés, quisieron dejar claro que pese a las cifras de procesos judiciales laborales, la reforma laboral ha abaratado «de forma considerable» el despido y en las negociaciones y el arbitraje, la nueva regulación ha puesto límites de entre 20 y 25 días por año trabajado con una máximo 18 mensualidad; y en los concursos, se sigue en 20 días.

Provincias

El número de asuntos resueltos en despido por los juzgados de lo social creció en el lustro de crisis, en Palencia (554), un 196,3 por ciento; en Burgos (779), un 125,1 por ciento; en Valladolid (1.794 en 2012), un 116,1 por ciento; en Ávila (231), un 108,1 por ciento; en Zamora (345), un 105,4 por ciento; en Segovia (277), un 82,2 por ciento; en Salamanca (652), un 75,7 por ciento; en León (1.115), un 65,2 por ciento; y en Soria (106), un 58,2 por ciento.

En cuanto a las cantidades reconocidas, se dispararon desde 2007 en Palencia (4,04 millones en 2012), un 1.857,4 por ciento; en León (14,18 millones), un 1.232,9 por ciento; en Valladolid (14,29 millones), un 551,1 por ciento; en Soria (1,51), un 532,8 por ciento; en Salamanca (8,58), un 448,9 por ciento; Ávila (1,97), un 391,1 por ciento; en Segovia (2,93), un 334,8 por ciento; en Burgos (4,98), un 178,6 por ciento; y en Zamora (2,93), un 94,2 por ciento.