La crisis multiplica los concursos de acreedores, despidos y los embargos

El número de concursos presentados en el primer trimestre de 2021, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, ascendió a 41, cifra que en términos porcentuales pone de manifiesto un aumento del 30,3% % respecto al mismo trimestre de 2020.

Estos y otros datos figuran en el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales , que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos ayer.

Esta tendencia al alza —la mayor desde el inicio de la crisis sanitaria y, en concreto, desde el fin del confinamiento a nivel nacional— fue aún más marcada en los concursos de personas naturales no empresarios presentados en los juzgados de Primera Instancia. Solamente los lanzamientos (desahucios) y las reclamaciones de cantidades aguantaron los embates de la crisis económica y se mantuvieron en términos similares o descendieron. En el primer caso bajaron de 126 a 124 en el primer trimestre del año en curso con respecto al mismo periodo del año pasado y en el segundo apartado bajaron de 436 a 310 en la provincia de León.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado. Por los 219 despidos que se habían contabilizado el año pasado se sumaron 247 en este ejercicio. Las ejecuciones hipotecarias pasaron de 70 a 130 y los monitorios de 1.594 a 1.729. Son procedimientos especiales previstos para reclamar deudas económicas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes los juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Respecto a las cláusulas suelo, se resolvieron 4.042 en el ejercicio económico de 2019 y pasaron a ser 2.718 el año pasado, según los datos obtenidos.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado un artículo y desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Los próximos estudios dejan de publicar la serie de embargos por la escasa fiabilidad del dato, puesto que en este caso, muchos juzgados practican directamente el embargo sin que sea necesaria la intervención de los servicios comunes.

Las bajadas que se venían observando se deben más a esta causa que a una verdadera reducción del número de embargos practicados, según las especificaciones del Consejo General del Poder Judicial en su informe de ayer.