CSIF asegura que la Junta pretende privatizar el centro de menores El Alba
El sindicato afirma que con la excusa de «la movilidad geográfica» se está reduciendo personal.
Fachada del centro de acogida que ha generado la indignación sindical. RAMIRO
DL | LEÓN
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de León denuncia lo que califica como «inicio de una nueva privatización de servicios» por parte de la Junta de Castilla y León, en este caso en el Centro de Protección de Menores El Alba-Santa María de León. El pasado mes de enero, «con una excusa de movilidad geográfica», la Junta redujo el personal de la atención directa a los menores existente en el centro, suprimiéndose cuatro de los 10 puestos de técnicos superiores de Educación Infantil. Uno se ha amortizado y los tres restantes se han desviado a otros centros, modificándose «sustancialmente» sus condiciones de trabajo.
La Junta mantiene en este momento seis puestos, ya que la ley exige que el centro de protección de menores tenga un servicio de urgencias para los niños de 0-3 años, a pesar de que la prioridad es que estos niños vayan a familias de acogidas, en lugar de permanecer en un centro.
Sin embargo, CSIF, tal y como recoge en un comunicado remitido ayer, teme que esos seis puestos de trabajo también puedan desaparecer a corto o medio plazo, ya que la Junta tiene un convenio de colaboración con la Congregación Hijas de la Caridad De San Vicente de Paul, aunque el centro El Alba-Santa María depende de Servicios Sociales de la administración autonómica. De hecho, señala CSIF que en la práctica es la congregación religiosa quien lleva la dirección del centro «en una gestión público-privada poco clara en la delimitación de las funciones y de las competencias de ambas partes».
«Pero mientras se desmantela este servicio público de protección a los menores en situación de desamparo —critica CSIF— la Junta de Castilla y León continúa financiando a la congregación religiosa, que incluso ha contratado personal, «yendo la Junta un paso más allá de las privatizaciones, con la financiación de entidades privadas en detrimento de los servicios públicos de calidad y para todos; y cediendo, una vez más, otro edificio público a una entidad privada».
CSIF recuerda la privatización de la residencia juvenil Consejo de Europa, «entregada» a una ONG salesiana (Juan Soñador), cuando ese centro podría haber seguido dando el servicio que prestaba a los jóvenes «si la Junta hubiera tenido una voluntad clara de mantenerlo».
CSIF se pregunta: «Hasta cuándo vamos a seguir con estas actitudes, pues lo que está ocurriendo en El Alba-Santa María es otra privatización de un servicio social público, que la Junta debe dar al ciudadano. Y como es habitual, se comienza con la reducción de personal y de servicios, para luego justificar su falta de rentabilidad y escaso funcionamiento, para finalmente cederlo a manos privadas».
CSIF remarca que «la política de privatizaciones que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo está dejando una lista muy larga de actuaciones en León, como la mencionada cesión de la residencia juvenil Consejo de Europa, la privatización de centros de día de personas mayores, o la cesión a cátering privados la mayoría de los comedores escolares, entre otras muchas decisiones».