domingo 22/5/22

«El acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre estabilización laboral, que restringe y sanciona el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas, es un primer paso para solucionar un problema de gran complejidad, como es el de la interinidad, que lleva arrastrándose más de 12 años». Así lo indicó ayer la portavoz de Csif, María José San Román, tras la reunión en Valladolid con el delegado del Ejecutivo central Javier Izquierdo.

La representante sindical señaló que tendrán que venir otras muchas medidas para su implementación: «Csif permanecerá vigilante y exigirá que se lleven a cabo todas y cada una de las medidas necesarias», avisó.

Se van a ofertar miles de empleos públicos, en el que los empleados van a tener la oportunidad de estabilizar su situación laboral de interinidad a través de un concurso oposición. Para ello, se va a valorar al máximo la experiencia del empleado público temporal. Aquellas personas que no consigan estabilizar su puesto tendrán derecho, por primera vez, a una compensación económica de 20 días por año trabajado en precario, y se prevé sanciones a las administraciones publicas que no cumplan.

La tasa se dispara

En la provincia el 26,6% de los empleados públicos es interino al no tener una plaza fija

En este sentido, Javier Izquierdo, y los sindicatos firmantes (CC OO, UGT y Csif) destacaron la importancia del acuerdo para reducir la temporalidad entre los trabajadores del sector público, que en la provincia supera el 26%.

En Castilla y León el total de empleados públicos es de 166.682, de los que 97.201 pertenecen a la administración autonómica, 35.641 a las entidades locales y 33.840 al Estado y, del total, unos 47.000 son interinos.

Javier Izquierdo mantuvo un encuentro para explicar este acuerdo a los sindicatos, a los que agradeció la «responsabilidad y el compromiso» con la solución a este problema en relación con el empleo público como es la «muy alta» temporalidad, cuyo agravamiento atribuyó a las decisiones del Gobierno entre 2012 y 2015 de reducir la tasa de reposición al cero, pero que no evitaba la contratación de interinos porque las plazas seguían presupuestadas.

Izquierdo, quien aclaró que el problema afecta también a la calidad de la prestación de servicios, además de a la situación personal de cada trabajador, incidió en la apuesta por lo público que supone el acuerdo, que además de solucionar el problema trata de evitar que lo ocurrido estos años no se repita y se alcance un objetivo de un máximo del 8 por ciento de interinos.

En el caso de Castilla y León, el delegado del Gobierno aclaró que la media está en el 28,6%, pero las tasas son muy superiores en Sanidad, donde antes de la pandemia se elevaba al 37%, en Educación Secundaria, con cerca del 30%, y en la administración local, con un 37,5%.

Csif vigilará al Gobierno para que cumpla con los interinos