Cuentas exige ajustar el precio del grado al coste real

El presidente del Consejo de Cuentas, el leonés Mario Amilivia, presentó ayer un informe sobre la fiscalización de las universidades públicas, en el que vuelve a incidir en la necesidad de que las instituciones de educación superior implementen la contabilidad analítica para «tener en cuenta los costes de prestación de los servicios docentes» y así obtener la información necesaria para reformular el modelo de financiación y «aplicar una nueva política de precios públicos de las matrículas en las titulaciones oficiales, cimentada en los costes de prestación del servicio», como ya se recoge en la Ley Orgánica de Universidades.

En el informe, Amilivia señala que la Universidad de León, a la que ya le insistió en febrero de este año en la necesidad de implantar la contabilidad analítica, cuenta ya con los órganos creados y las personas designadas para llevarla a cabo, que dependen directamente de Gerencia —igual que la Universidad de Salamanca y frente a la de Burgos o Valladolid que aún no han dado ningún paso al respecto — pero al igual que el resto de las universidades públicas de Castilla y León no ha aprobado la normativa interna para garantizar que la información extraída se ponga a disposición de los órganos de gobierno universitarios.

Por este motivo, el Consejo de Cuentas exige a la Consejería de Educación que «impulse y tutele el proceso de implantación de los modelos de contabilidad analítica» en las universidades de León, Burgos, Salamanca y Valladolid e incide en que debe fijar un calendario propio, con un límite máximo, para la implantación de los modelos de contabilidad analítica y para garantizar la homogeneidad y coherencia de los parámetros básicos del sistema. Es más Amilivia recuerda el compromiso asumido en la medida 55 del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, suscrito en junio de 2020, en la que se planteaba reducir las tasas universitaria.

«Los poderes públicos deben apoyar a las universidades y estimular la excelencia en su actividad docente e investigadora», precisa el presidente del Consejo de Cuentas, para recordar que lleva siete años recomendando la implantación del sistema de contabilidad analítica, «el mismo tiempo transcurrido desde que la Comisión Mixta de las Cortes Generales instase a las universidades a acometer esa tarea». «Pese a su complejidad, no parece razonable que existan nuevos retrasos, 20 años después de que la LOU estableciese la relación de los precios públicos de las matrículas con los costes de prestación del servicio», reprocha el presidente, Mario Amilivia, quien ayer presentó el informe en las Cortes de Castilla y León, en el que también abordó la situación de la Universidad de Salamanca, después de que en febrero ya tratara en profundidad el estado de la Universidad de León.