«Debemos reflexionar sobre la necesidad de una nueva ley de recomposición»

«Hay que pararse a reflexionar sobre la necesidad de una nueva ley de recomposición; ahora sólo somos tres consejeros. Necesitamos un letrado más», reivindicó el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, cuando el director del Diario de León, Joaquín S. Torné preguntaba a los invitados cómo mejorar sus instituciones.

La tercera conferencia del ciclo Acercando las instituciones a la sociedad puso a merced de los ciudadanos el funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León, uno de los más técnicos y desconocidos para la sociedad. Las jornadas patrocinadas por Laboral Kutxa y las Cortes de Castilla y León reunieron al ya citado Agustín S. de Vega; a Begoña Sesma Sánchez, presidenta del Consejo Consultivo de Asturias, y a Luis Fuentes Rodríguez, presidente de las Cortes.

Imagínese que usted va a recoger un análisis de sangre, y que le afirman que tiene una enfermedad hereditaria. Al mes siguiente lo repite, y ya no padece dicha enfermedad. En su centro sanitario le explican que ha sido un fallo clínico al cruzar sus resultados con los de otra persona. Cualquier ciudadano en esta situación podría solicitar una indemnización, y es aquí dónde entra en juego el papel del Consejo Consultivo, valorando si el servicio sanitario que le han prestado ha sido correcto o no. Se trata de un caso de responsabilidad patrimonial, una de las competencias del Consejo y que afecta a los servicios públicos de la administración.

Por otra parte está el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl), que se encarga de recursos especiales interpuestos contra determinados actos adoptados del procedimiento de contratación pública, por ejemplo, cuando un ayuntamiento licita el servicio de limpieza de las calles o de recogida de basuras. Sánchez de Vega desveló que «este modelo sólo se da en Castilla y León», y que es un «invento de Europa». «Cuando vieron que un proceso judicial relativo al dinero público se resolvía en cuatro años, crearon el Tarccyl, para que estos asuntos se resuelvan en tres meses máximo», explicó. Siguiendo con la autocrítica, el presidente añadió que «retocaría el asunto de la autonomía» para, como sucede en el órgano homólogo en Asturias, gestionar el presupuesto, las modificaciones o la contratación de nuevo personal.

La despoblación, asunto trascendente en todas las charlas, fue valorada por el presidente del Consultivo como un asunto sin importancia. «Hasta hace unos días parece que las cosas no se han tomado en serio, y las decisiones que sí se han llevado a cabo no han sido acertadas. Hemos visto problemas en colegios, en centros sanitarios, incluso el cierre de bancos, y aún estamos pendientes de encontrar una solución eficaz», aseguró, destacando que el «diagnóstico está hecho pero los intentos de combatirlo han fallado».

Aún así evaluó que se han incentivado medidas y que desde Europa promueven una resolución al conflicto. «Nuestra pequeña labor es auxiliar a las diputaciones provinciales para mejorar su toma de decisiones, enseñarles todo lo que podamos como ente consultivo», aclaró.

 

 

«Hay que mejorar la visibilidad; y apelar a la ejemplaridad»

De Begoña Sesma se desprende una indudable sensibilidad social como presidenta del Consejo Consultivo de Asturias, quien lamentó el desconocimiento general, tanto de funcionarios como del resto de ciudadanos, en torno a sus funciones. «Es una tarea pendiente», subrayó. Sesma continuó su intervención citando a Santo Tomás de Aquino y la trascendencia de que «el gobernante se aconseje» ya que «forma parte de la naturaleza humana». «Pedir consejo es un signo de inteligencia y de madurez», manifestó en referencia al trabajo que realiza la institución que dirige. No le costó a Begoña hacer autocrítica cuando explicó que «la visibilidad» es algo a mejorar.

«Debemos acercarnos más a la administración local, porque hay muchos ayuntamientos que se sorprenderían de cómo podemos colaborar», y expuso a modo anecdótico cómo hace unas semanas una alcaldesa le preguntaba cual era su cometido. Igualmente, abordó el problema de la despoblación, que también afecta a la comunidad vecina. Para paliar la hemorragia poblacional, desde el Consejo Consultivo de Asturias se ha creado un comisionado de sociólogos, economistas, urbanistas y especialistas en otras materias. Sobre las ‘rendijas’ por las que se cuela la ilegalidad, dentro del ejercicio de sus funciones, Begoña Sesma reconoció que «es especialmente complicado». «Hay un sustrato de funcionamiento ilegal de las administraciones en las contrataciones públicas y licencias urbanísticas, porque se mueven grandes cantidades de dinero. Para luchar contra ello lo que hacemos es apelar a la conciencia y a la ejemplaridad; recordando siempre la responsabilidad de los funcionarios».

En cuanto al funcionamiento, defendió que sería «imposible» que el Consejo de Estado asumiera sus competencias, en primer lugar «por el número de expedientes» y en segundo «porque la función consultiva debe ejercerse con proximidad a las instituciones y administraciones a las que asesora», alegando que no tendría sentido que a Madrid le llegara una resolución de un contrato de un pueblo de León.

ATENCIÓN, CIUDADANOS

Por último destacó el «ámbito estrella» de la entidad, el pronunciamiento en materia de responsabilidad patrimonial, que son más del 75% de los dictámenes que emiten en Asturias a fecha 1 de noviembre de 2019. «Estos casos tienen lugar cuando se provoca un daño efectivo, real e individualizado; y como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal del servicio público. El ciudadano presenta una reclamación, que se tramita al Consejo Consultivo. Nosotros nos encargamos de garantizar que no haya abusos en las actuaciones de la administración conforme a dicha demanda»

 

 

«Mi intención es apoyar a las instituciones locales»

La presentación en sociedad del nuevo responsable de la Secretaría de Apoyo a las Instituciones Propias fue el primer punto que abordó el presidente de las Cortes, agradeciendo «la labor impagable» del anterior.

«No les descubro nada nuevo cuando digo que las funciones de las instituciones propias contribuyen a defender los derechos de los castellanos y leoneses», explicó, realizando una introducción de las funciones del Consejo Consultivo como «órgano de asesoramiento jurídico de mayor rango de nuestro territorio». Según Fuentes su tarea contribuye en gran medida a que las instituciones de la Comunidad legislen con «mucho más conocimiento» y supone una garantía del derecho a la buena administración de los ciudadanos. También destacó el papel de este órgano como controlador.

«Además es una voz respaldada por el prestigio de quienes lo componen», agregó. Como ejemplo señaló las cifras del ejercicio del año anterior, cuando gran parte de los 557 dictámenes concernían a asuntos de la gente, como pueden ser la conciliación de la vida laboral y familiar o la brecha de género . «Otros informes son de responsabilidad patrimonial, asesoramiento, negligencias médicas, percances escolares o atropellos de animales», reveló.

En cuanto a su compromiso con las administraciones reiteró que su intención es «apoyar y ayudar a todas las instituciones locales para que puedan cumplir con sus obligaciones», guiando especialmente a los pequeños municipios con menos recursos. Por último, el presidente de las Cortes se mostró orgulloso de lo que se ha conseguido hasta la fecha gracias al funcionamiento del Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social. «El asesoramiento que hemos prestado a través de las Cortes de Castilla y León desde hace 16 años ha hecho que nuestro territorio sea una Comunidad mucho más democrática y transparente», garantizó.

 

«Es necesario saber qué realizan y cómo acceder a estas instituciones»

Tras dar la bienvenida a los asistentes, Vicente Canuria quiso excusar al alcalde de León, que normalmente es quien inicia estas conferencias.

El teniente alcalde de León habló del «magnifico punto» que establece este ciclo «para conocer de primera mano la labor de control que realizan» las instituciones de las Cortes. Canuria incidió en «la necesidad de conocer qué hacen y cómo acceder a ellas». «Desde mi experiencia jurídica y conocimiento de la Carta Magna, el tema de la mesa redonda me recuerda al artículo 103.1», aseguró, «que recoge que la Administración Pública ha de servir con objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Por último, el también Concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes explicó que desde la Transición se ha dotado de un «sistema garante y práctico para asegurar la igualdad de trato y la justicia de las actuaciones administrativas». Canuria concluyó agradeciendo a Diario de León la organización de estas charlas.