Defensa protege su capacidad operativa en el campo de maniobras de El Ferral

Las 2.071 hectáreas de la Base Conde de Gazola son ya «zona de interés para la defensa nacional». Así lo ha decretado el Consejo de Ministros haciendo referencia tanto a las instalaciones que componen las dependencias del acuartelamiento como al extenso campo de maniobras de las que dispone el Ejército de Tierra en el término municipal de San Andrés del Rabanedo.

«A fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido ponderados los distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa Nacional y que se extiende a las áreas ocupadas por la Base Conde de Gazola y su campo de maniobras y tiro». Así consta en el real decreto publicado por el ministerio en el BOE, que también contempla, además del espacio terrestre «el espacio aéreo» correspondiente a la extensión de las instalaciones militares.

De este forma, las más de dos mil hectáreas «se considerarán prioritarios para los intereses de la defensa nacional», lo que implica, además de garantizar su capacidad de acción en este espacio, una serie de limitaciones y condicionantes.

Fuentes del Ejército de Tierra incidieron en que este real decreto implicaba una actualización de las competencias de Defensa en la base Conde de Gazola, como se está llevando a cabo en otras instalaciones castrenses, a fin de «asegurar» en la zona del campo de maniobras y de tiro la capacidad operativa de las unidades que acoge el acuartelamiento, además de otros grupos del Ejército de Tierra que se trasladan a León para llevar a cabo sus ejercicios de adiestramiento «en el cumplimiento de las misiones que les son asignadas a las Fuerzas Armadas».

Una vez hecho público el real decreto, también se dará actualidad a las limitaciones en las más de dos mil hectáreas de Conde de Gazola. Será el Ministerio de Defensa quien autorice la compatibilidad de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la base y deberá someterse también a su autorización la transmisión de la propiedad, «así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes».

Será también el ministerio el que dé luz verde a cualquier obra de edificación o construcción promovida por entidades públicas o privadas, «así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados». Entre las limitaciones que marca el real decreto de principios de febrero también están las del espacio aéreo, por lo que el Ministerio de Defensa se reserva autorizar el vuelo de aeronaves pilotadas por control remoto, ya que el espacio aéreo sobre la base leonesa también está catalogado como «de interés para la defensa nacional».