Denuncian el retraso de 18 años para traspasar la sanidad penitenciaria
Satse critica la falta de recursos y apoyos de las enfermeras de la cárcel, a veces con 700 reclusos
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que el traspaso de la sanidad penitenciaria a Castilla y León «sigue en un agujero negro» transcurridos 18 años desde que se adquirió el compromiso de que la atención sanitaria y las condiciones laborales de los profesionales que prestan sus servicios en las prisiones serían competencia de los gobiernos autonómicos.
Indica que en la prisión leonesa de Villahierro, ubicada en Mansilla de las Mulas, las enfermeras se han enfrentado en ocasiones «a permanecer solas en el centro penitenciario de lunes a viernes desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente y las 24 horas los fines de semana y festivos teniendo que asumir la responsabilidad sanitaria directa de los más de 700 internos del centro unido a los funcionarios que se encuentren de servicio».
El médico permanece en su domicilio y sólo debe acudir al centro penitenciario cuando es requerido por el enfermero responsable para atender una cuestión de índole sanitaria o burocrática, apuntan. Satse recuerda que, salvo en el caso de País Vasco, Cataluña y Navarra, las personas privadas de libertad en las restantes CCAA siguen sufriendo una «precaria» atención sanitaria y cuidados motivada, en gran parte, por las «difíciles y penosas» condiciones laborales que tienen los profesionales sanitarios que trabajan en los centros penitenciarios, especialmente las enfermeras. Satse subraya que el traspaso de la sanidad penitenciaria se ha convertido en «el gran fracaso» de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades, porque los sucesivos responsables de estas administraciones públicas «no han logrado ponerse de acuerdo desde 2004 para cumplir lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud».
«Pasan los años y unos y otros se tiran la pelota de un tejado a otro mientras que las más de 46.000 personas que constituyen la población reclusa de nuestro país no es atendida y cuidada en las condiciones más adecuadas, con el agravante de que es un colectivo especialmente vulnerable con numerosos problemas de salud (drogodependencia, salud mental y enfermedades infecciosas)», apuntan.
Según Satse, la falta de avances se debe a la diferencia de criterios de las distintas administraciones en cuanto al coste del traspaso competencial, «lo que vuelve a evidenciar que, por encima de la salud de las personas, se priorizan los intereses económicos».