sábado 19.10.2019

Denunciantes valoran la sentencia y critican la permisividad de la Junta

Su representante legal, el abogado Carlos González Antón, ha señalado en declaraciones a Efe que la sentencia constituye una noticia «altamente positiva» y que el Gobierno autonómico tiene «mucho que decir» al respecto

Los denunciantes que iniciaron el proceso que ha culminado con la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de condenar a España por incumplir sus obligaciones con las minas a cielo abierto en León han valorado la sentencia y han criticado la permisividad de la Junta con este tipo de explotaciones. Su representante legal, el abogado Carlos González Antón, ha señalado en declaraciones a Efe que la sentencia constituye una noticia «altamente positiva» y que el Gobierno autonómico tiene «mucho que decir» al respecto. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que las autoridades españolas no respetaron la protección debida en la región del Alto Sil, propuesta como lugar de interés comunitario (LIC), según la directiva sobre los hábitats, y posteriormente declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). González Antón ha explicado que el procedimiento se inició con las quejas formuladas por el colectivo conservacionista »Filón Verde» y el particular Antonio Arias Tronco ante la Comisión Europea, que elevó una denuncia al Tribunal. Ha comentado que se trata de una »sentencia declarativa» que exige a la Junta el cumplimiento de la normativa comunitaria y que, de no hacerlo así, podría recibir una «importante sanción» o incluso ver retiradas ayudas europeas a la minería en forma de compensación. En su opinión, el Gobierno regional ha permitido, durante los últimos años, que las explotaciones a cielo abierto de Coto Minero Cantábrico (CMC) en la zona funcionaran de manera «ilegal» por la inadecuación de las evaluaciones de impacto ambiental y de hábitat. El jurista ha insistido en que la Junta debe reclamar a la empresa que complete la restauración del entorno y medidas compensatorias de carácter ambiental, que podrían suponer «varias decenas de millones de euros», para crear »empleo verde» y reforestar las comarcas de Babia y Laciana.

Denunciantes valoran la sentencia y critican la permisividad de la Junta